Condicionar la calificación de un hecho como ‘‘abuso grave de derechos humanos’’ a que así lo determine un organismo nacional o internacional, y por tanto limitar la posibilidad de conocer públicamente el caso, va en contra del principio de máxima publicidad y viola el derecho de las víctimas a solicitar y obtener información sobre los abusos que han sufrido, indicó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En una carta abierta, el colectivo señaló que aunque en el proyecto de ley general de transparencia pareciera haberse logrado el acuerdo que el principio de máxima publicidad alcance a la información sobre violaciones graves a los derechos humanos, se generó un desacuerdo en cuanto al tema de quién y en qué momento debe calificar las violaciones de graves.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recordó, dice tener la facultad exclusiva para determinar y calificar la gravedad de las violaciones, de acuerdo con la reforma constitucional de junio de 2011, y por ende el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) no podría actuar antes de conocer su determinación.

Sin embargo, la CMDPDH consideró que esa interpretación es restrictiva, según las leyes nacionales e internacionales, y dejaría al ciudadano en la ‘‘incertidumbre’’, pues la catalogación de un abuso de derechos humanos como grave dependería de la voluntad del ombudsman.

Pretender condicionar el acceso a la información en casos claros de violaciones graves, a una calificación previa de cualquier organismo, ‘‘sería ir no sólo en contra del principio de interés social y máxima publicidad, sino faltar al derecho de las víctimas a solicitar y obtener información sobre las razones de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales en materia de derechos humanos’’, recalcó.