El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, reiteró ayer que este delito es ‘‘práctica generalizada en México’’, luego de que las autoridades nacionales desacreditaron el pasado lunes esta afirmación por considerar que no era ‘‘congruente’’, pues se había sustentado sólo con una decena de testimonios.

‘‘La expresión ‘tortura generalizada’ es correcta; no he cambiado de opinión’’, indicó el jurista argentino durante una conferencia de prensa realizada en Ginebra, al margen del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En mayo del año pasado, Méndez ya había empleado dicha expresión en su informe preliminar sobre México. El gobierno del país dio explicaciones sobre el tema, las cuales no convencieron al funcionario, y más tarde el gobierno mexicano descalificó esta aseveración por haberse basado únicamente en 14 casos de tortura cometidos por servidores públicos.

‘‘El hecho de que no se puedan presentar centenares de casos no quiere decir que la tortura no esté generalizada’’, respondió Méndez, quien afirmó haber recibido numerosos testimonios sobre la comisión de este delito, pero no necesariamente escritos, pues se trata de ‘‘un proceso complicado’’.

El relator de la ONU señaló además que había visitado unas 15 prisiones en México y se había entrevistado con internos. Según él, éstos mencionaron que sólo hubo torturas en el momento de su arresto, pero no en prisión.

‘‘Existen casos de tortura en todos los niveles del Estado: a nivel federal, regional y local’’, los cuales pueden ser de tipo físico o sicológico, manifestó.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil lamentaron que las autoridades mexicanas sigan tratando de ‘‘negar lo inocultable’’ en relación con la tortura, aunque al mismo tiempo señalaron que dicha posición no es sorpresa, ya que han descalificado de manera sistemática todos los informes críticos de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Javier Monroy, del Taller de Desarrollo Comunitario, indicó que ‘‘se ha hecho práctica común del gobierno mexicano descalificar estos señalamientos sobre la afectación del derecho a la vida y la seguridad de las personas, y no sólo en el caso de la tortura, sino también en lo que se refiere a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales’’.

La tortura, dijo, sí ocurre de manera generalizada en el país para tratar de inculpar a personas detenidas, pero también se aplica de manera grave en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, de manera tanto física como sicológica.

‘‘No es extraña la reacción del gobierno mexicano, pues al descalificar estos informes y sentencias, trata de minimizar los hechos y encubrirse. En el fondo la impunidad viene desde las más altas esferas del gobierno, donde se permite que los torturadores sigan con estas prácticas’’, enfatizó.

Raymundo Díaz, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, coincidió en que al rechazar las afirmaciones de Juan Méndez, las autoridades mexicanas ‘‘desacreditan y minimizan una situación que para todos los defensores de derechos humanos está muy clara’’.

Esta práctica, consideró, tiene lugar de formas explícitas, pero también de otras más ‘‘sutiles’’, las cuales muchas veces ni siquiera son identificadas por sus víctimas como forma de tortura.

‘‘Las amenazas, que te bajen de tu carro sin una orden judicial o que te apunten con un arma al pasar por un retén, son formas de tortura sicológica muy comunes, pero muchas veces la gente no lo asume así. Lo consideran prepotencia, por ejemplo, pero en realidad es una forma de tortura. Esta práctica se vive en las calles, no sólo en los sótanos de la policía’’, consideró.

‘‘La tortura es un fenómeno generalizado. Todas las fuerzas de seguridad abusan de sus facultades, a pesar de que se supone que están capacitados en derechos humanos. Siguen haciendo detenciones arbitrarias y realizando conductas lesivas a la integridad de las personas’’, recalcó.