ecuerdo que en 1991, en vísperas del ataque de la coalición internacional que sufrió Irak tras invadir Kuwait, Saddam Hussein mandó enterrar sus tanques para utilizarlos como artillería fija para defender las costas de ambos países de un desembarco enemigo. Fue una decisión estúpida, porque los montículos de tierra sobre los vehículos artillados no les agregaban un blindaje mayor al que poseían de fábrica pero, en cambio, perdieron toda movilidad para fines de ataque o defensa; en cambio, los dejaban como blancos regalados para la aviación y la artillería de los invasores. De hecho, el desembarco no se produjo y esos tanques enterrados de Saddam fueron aniquilados desde atrás por misiles Hellfire disparados por aviones A-10. Los que sobrevivieron y lograron desenterrarse fueron inmisericordemente cazados cuando retrocedían hacia Bagdad en formación de columna.

Cómo no evocar esa táctica del derrocado gobernante iraquí cuando uno observa las formas de atrincherarse que está poniendo en práctica el régimen de Nieto: inmovilizando y anclando la totalidad de las instituciones a los designios berrinchudos de una Presidencia que ha perdido el rumbo y los fundamentos. Así ha ocurrido con el Instituto Nacional Electoral (INE), controlado mediante consejeros mayoritariamente sumisos al Ejecutivo federal y a su coalición flexible que incluye en ocasiones, y a conveniencia, al PVEM y al Panal, al PAN, a segmentos del PRD, e incluso a uno que otro legislador del PT y de MC. Otro tanto ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución de nombre largo y de moralidad cortísima, aprobadora de dos fraudes al hilo y encubridora de inmundicias electorales.

La voluntad presidencial indiscutible impera también en la Secretaría de la Función Pública (SFP), resucitada hace unas semanas mediante un procedimiento inescrupuloso y desaseado, y colocada bajo el mando nominal de un hombre del aparato: Virgilio Andrade, a quien Peña dio la orden de investigar las posibles corruptelas de él, del propio Peña, en lo que constituye una pirueta inverosímil y risible que tal vez habría sido merecedora de uno que otro aplauso si hubiera tenido lugar en un circo, pero que ocurrió en las instancias el poder formal y que, por tanto, no era plausible. Lo más que puede esperarse de Andrade al frente de la SFP es que entregue a la opinión pública a alguna cabeza de turco muy menor, para hacer como que combate la pudrición interna del gobierno, o que ejerza alguna forma de presión o sanción en contra de algún subordinado levantisco o infidente, pero por supuesto nadie en su sano juicio puede guardar esperanzas de que esclarezca en forma satisfactoria la turbia relación entre su jefe y los empresarios a los que ha beneficiado, ya fuera como gobernador del estado de México, o desde la Presidencia.

Los amarres defensivos tienen también por objeto restaurar alianzas desgastadas, como la que sellaron Televisa y el grupo Atlacomulco para incrustar en Los Pinos a un hombre de sus confianzas. El inevitable e impostergable remplazo del procurador cansado, Jesús Murillo Karam, por una personera de Televisa como Arely Gómez, pone en manos de ese consorcio un instrumento formidable para perseguir a críticos, hostigar a competidores por canales distintos al Ifetel y para cubrirse en el caso de que se repita el hallazgo, en algún lugar de Centroamérica, de una camioneta con rastros de cocaína, repleta con fajos de dólares y el logotipo de Televisa en la carrocería.

El mismo sentido tiene la colocación de Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte: viejo cómplice del ex gobernador mexiquense en los atropellos policiales de San Salvador Atenco, probado servidor incondicional de los presidentes a los que les debe el nombramiento (Fox, Calderón y ahora Peña) y ejemplo de la continuidad prianista, el flamante magistrado es una rienda –una más– de Los Pinos en el pleno del órgano jurisdiccional máximo y un blindaje confiable ante lo que puede estar por venir: recursos legales para llevar a Peña ante un tribunal. Y qué decir de un Senado que ignora el clamor social en contra del nombramiento y procede, en una votación rutinaria y aplastante, a cumplir con la voluntad del señor presidente.

Convencido de que la mejor defensa es el ataque, el grupo en el poder prosigue su alocada ofensiva en contra de todo lo social y nacional, se lanza sobre los recursos hídricos del país para ponerlos en manos de corporativos privados (no, diputado Beltrones, no es que seamos de lento aprendizaje; es que ya sabemos por experiencia que si nos descuidamos ustedes nos privatizan hasta los huesos de la bisabuela) y, el colmo, vetan a los investigadores el acceso a los archivos de la guerra sucia echeverrista y lopezportillista; no vaya a ser que la ignominia de aquellos gobiernos contamine al actual más de lo que éste se ha contaminado a sí mismo. Por lo demás, los funcionarios peñistas viven cada día en situación de combate: son respondones y metiches, acusan de mentirosos a los organismos internacionales que formulan señalamientos críticos al régimen, replican con salvas de palabrería hueca cada revelación mediática que les es adversa, conspiran en contra de los ciudadanos inconformes y multiplican, con ello, la inconformidad. Aunque no les guste, su momento ofensivo ya pasó y están a la defensiva.

Pero estábamos en que esa táctica de inmovilizar organismos y desvirtuar leyes, y uncirlos a las líneas de defensa del peñato me hizo recordar los tanques enterrados de Saddam. Es que esa institucionalidad flagrantemente secuestrada, sometida y maniatada, lejos de servir al régimen, terminará por hundirlo más. Hasta ahora Peña y sus voceros oficiales y oficiosos –como la caterva de opinadores pagados que lo defienden– invocan, como argumento final, la vigencia en México de un estado de derecho y de una democracia funcional, pero cada vez resulta más claro para la mirada del país y del mundo que la institucionalidad correspondiente es la simple máscara de un poder autoritario, alejado de la legalidad y carente del menor sentido de nación y de sociedad. En otros términos, en la medida en que Peña y su equipo insisten en contagiar al resto de los órganos e institutos del poder público con el desprestigio presidencial, los inutilizan como prueba de una normalidad en la que ya muy pocos creen y, por consiguiente, como argumentos defensivos ante el desastre gubernamental.

A diferencia de lo que le ocurría a principios de 1991 al régimen de Saddam, el de Peña no tiene enfrente la amenaza de coalición internacional alguna y su táctica de blindaje y atrincheramiento es, por ello, doblemente improcedente. A ver si no termina por convertir la extendida cólera popular en su contra en una unanimidad que tome las calles de manera pacífica y masiva y le diga: hasta aquí.

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