Si el Senado aprueba anular la facultad del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) de determinar el acceso a datos relacionados con violaciones graves a garantías humanas, ello constituiría un retroceso en el derecho a la verdad y a la garantía de acceso a la información, sostuvo Issa Luna Pla, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la experta, la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011 significó un cambio sustancial, pues superó la interpretación de que sólo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) correspondía determinar en qué casos se podrían considerar atropellos graves.

Luna Pla dijo que a partir de dicha modificación, ahora otras instancias ajenas a la CNDH pueden determinar también esa condición, como se consigna ya en la actual legislación en materia de acceso a la información como facultad del Ifai, misma que debe preservarse en la nueva Ley General de Transparencia.

–¿La CNDH reivindica esa facultad como exclusiva?

–Eso ya pasó. Esa interpetación es del siglo pasado, pero a partir de la reforma al artículo primero constitucional no sólo la CNDH puede interpretar las violaciones graves a derechos humanos. Ahora también el Ifai la tiene. Actualmente se requiere que las instituciones estén en contacto para decidir cuáles son los valores y criterios para determinar cuándo es un atropello grave.

Ya hay algunas determinadas, como las de lesa humanidad o genocidio, previstas en el derecho internacional, las cuales el Ifai está obligado a interpretar. La investigadora admitió que ello implica el riesgo de que haya visiones encontradas entre dos instituciones que deberían dirimirlas.