María del Carmen Carmona Lara, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó de anticonstitucional y privatizadora del recurso hídrico la iniciativa de ley general de aguas.

En tanto, Pedro Moctezuma Barragán, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que con ese proyecto de ley –cuya discusión fue suspendida el pasado lunes en la Cámara de Diputados– México se enfila hacia un paradigma suicida, donde el panorama hídrico se complicaría en los próximos años y para las futuras generaciones.

En entrevista con La Jornada, Carmona Lara planteó que las modificaciones propuestas por varios legisladores no señalan que el agua se vaya a entregar a entes privados –mediante concesiones–, pero sí que éstos contarán con un volumen que les permita tener el control del recurso.

Calificó la iniciativa de anticonstitucional, porque reglamenta el derecho humano al agua y lo separa de otros, como el derecho a un medio ambiente sano y a la protección de sistemas acuíferos, previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente.

Moctezuma Barragán criticó que el gobierno pretenda ir hacia la privatización, cuando en muchas partes del mundo están de regreso a la remunicipalización del agua, luego de constatar que la solución no estuvo en ver el recurso como mercancía, sino en respetar el derecho humano a su acceso.

Carmona Lara indicó que el dictamen que discutirán los diputados prevé una figura llamada trasvases, por la cual particulares podrán construir infraestructura para la distribución y control del líquido, lo que les permitiría decidir a quién le dan agua y cuánta, si cierran los espacios de distribución y hasta el precio por el recurso.

Otro elemento grave es que plantea modificar el sistema de prelación para otorgar concesiones (donde además de la autoridad participa el organismo de cuenca, que también sería desarticulado como unidad de gestión). De ser aprobado el documento, las concesiones sólo recaerían en la autoridad, es decir, serían discrecionales.

Otra medida que limita el derecho humano al agua es que el dictamen señala que en caso de desastre los concesionarios determinarían cuál es el uso prioritario y qué hacer con el recurso.