El aplazamiento del proceso para aprobar la ley general de aguas en la Cámara de Diputados generó diversas justificaciones tendientes a no precipitar el debate ante los señalamientos contra el dictamen, que fue considerado instrumento privatizador del recurso.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI; Tomás Torres Mercado, presidente de la mesa directiva, y Ricardo Anaya, líder de la bancada del PAN, argumentaron que la discusión pública que se abrirá en los próximos días amainará las críticas al texto. En tanto, Miguel Alonso Raya, coordinador de los diputados del PRD, y Manuel Huerta, de Morena, consideraron necesario reiniciar el proceso para elaborar la ley y borrar cualquier vestigio privatizador.

Beltrones sostuvo que el debate fue pospuesto para romper con el molde de que la desinformación sea la que rija la discusión. Insistió en el reproche contra aquellos que equivocadamente han señalado que ésta puede ser una ley privatizadora del agua: nosotros sostenemos que no hay ningún artículo dentro de los 268 que tiene la ley general de aguas que hable de privatización específica. De tal manera que abriendo las puertas de las dos comisiones que dictaminaron para escuchar a todos aquellos que tengan una idea que mejore el concepto o que nos ayude a tener una ley modernizadora sobre el manejo de los recursos hídricos, concluyamos en el tiempo que sea necesario.

–Algunas personas se sintieron ofendidas por el señalamiento de usted acerca del lento aprendizaje –se le recordó.

–Si se sienten ofendidos es porque no se dieron cuenta del contexto. Es importante que se lea el dictamen antes de hablar sobre lo que contiene, e insisto, si lo han leído han tenido dificultad para poder entenderlo; de tal manera que eso les hace que declaren sin sentido alguno.

Alonso Raya argumentó que la garantía de intervención de la iniciativa privada –incluida en el dictamen– es contraria a lo establecido en la reforma al artículo cuarto de la Constitución (de 2012), cuando se plasmó en ésta el derecho al agua.

–¿Existe la posibilidad de que el tema se difiera a la siguiente legislatura?

–Al acuerdo que llegamos es ordenar a las comisiones dictaminadoras –de agua y recursos hidráulicos– que celebren audiencias y reciban a los especialistas. Nosotros, como grupo parlamentario, podemos presentar un escrito con todas nuestras observaciones. Y el hecho de que salga en la Cámara de Diputados una ley debidamente consensuada también involucra al Senado de la República, porque no tiene caso que aquí hagamos un esfuerzo y allá no vaya a haber corresponsabilidad.

Consideró que el dictamen debe revisarse, porque, como dicen en mi tierra, la mula no era arisca, los palos la hicieron. No podemos permitir confusiones y sí, la propuesta contiene redacciones que implican entregar áreas completas a la iniciativa privada.

Torres Mercado consideró que el dictamen debe tener el mayor consenso posible. La ley establece, pero también el quehacer político, que puede postergarse la discusión de un dictamen y eso es totalmente legal y políticamente pertinente, de modo que las comisiones hagan las consultas y se alleguen la información que sea necesaria para abordar con mayor pertinencia el proyecto de dictamen.

Por su parte, Manuel Huerta reveló que el PVEM pidió que se retirara del orden del día el dictamen de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable por el ambiente de repudio a los cambios a la Ley de Aguas Nacionales.

En conferencia de prensa, sostuvo que para el PVEM es una decisión nada fácil, porque ya tenía preparado un promocional para difundir otro logro, en este caso para sancionar las quemas forestales con fines de siembra y aumentar las multas para quienes cometan alguna infracción en esa materia.

El panista Ricardo Anaya dijo que “la discusión debe ser transparente, pausada, donde se escuchen todas las voces. Estamos contra cualquier intento privatizador y por eso nos hemos sumado a otros partidos para pedir que el asunto se vote hasta que esté perfectamente aclarado.

¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para que se estudie a fondo y garanticemos que la ley haga realidad el derecho humano de acceso al agua potable y que bajo ninguna circunstancia se privatice.