La designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responde a acuerdos entre partidos políticos que sólo buscan proteger sus intereses sin importar que este personaje no cumpla con los requisitos de imparcialidad que se necesitan para ocupar dicho cargo, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que ‘‘volvemos a estar frente a procesos de designación que otra vez responden más a negociaciones de corte político que a los méritos verificados y constatables de la persona propuesta. Es un ejemplo claro de cómo estos procesos no se realizan con la suficiente objetividad’’.

Además de contribuir al ‘‘deterioro’’ de las instituciones, subrayó el activista, el nombramiento significa ‘‘una cooptación por parte del Ejecutivo del Poder Judicial’’. La actuación de Medina Mora como integrante del máximo tribunal, abundó Cortez, ‘‘va a estar en favor de las necesidades del Ejecutivo y no de la sociedad. Además, el ex procurador no se destaca por su gran capacidad en el campo jurídico. Lo que podemos ver es a los poderes de facto controlando a las instituciones en favor de sus intereses’’.

El nombramiento, junto con la eventual llegada de otros dos ministros afines a la Presidencia, dijo, haría posible construir una mayoría que le permita al Ejecutivo definir varios temas en su favor, aunque sea en contra del interés de la sociedad.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que con la designación del nuevo ministro los partidos políticos pasaron por alto las ‘‘dudas sólidas’’ planteadas por varias organizaciones civiles sobre la capacidad del ex embajador.

‘‘De nuevo, los partidos están dando la espalda a la ciudadanía al tomar una decisión cupular en favor de una persona que no ha demostrado independencia ni imparcialidad.’’