Historias de abusos al encabezar la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República; negativas a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; apertura de averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR y Michoacán por acusaciones de delincuencia organizada que devinieron fracasos jurídicos, forman parte de la huella que dejó Eduardo Medina Mora entre 2000 y 2009, cuando sirvió a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Entre los hechos en que se vio involucrado Medina Mora está lo sucedido en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, cuando elementos de la Policía Federal se enfrentaron a pobladores de esa comunidad que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.

Medina Mora se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública federal, y tras los enfrentamientos los pobladores acusaron que los agentes federales incurrieron en violaciones a los derechos humanos y el caso fue puesto a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que se sancionara a los servidores públicos mexicanos, toda vez que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que quienes ordenaron y dirigieron el operativo ‘‘no incurrieron en responsabilidades’’.

Asimismo, en 2006, cuando ya ocupaba el cargo de procurador general de la República, la dependencia rechazó una recomendación de la CNDH en torno al caso de las indígenas Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, las cuales fueron acusadas injustamente de haber ‘‘secuestrado’’ a seis elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AF).

La liberación de las inculpadas ocurrió tres años después de haber sido encarceladas, y sólo una decisión de revocación de sentencia emitida por la SCJN las puso en libertad.

Asimismo, en 2009 se suscitó el llamado michoacanazo, en el cual 38 funcionarios y alcaldes de ese estado fueron detenidos por su presunto involucramiento en actividades ilícitas y vinculación con el cártel de La Familia Michoacana; sin embargo, todos fueron dejados en libertad de los cargos que les imputó el Ministerio Público Federal, aunque en algunos casos su liberación tardó 18 meses.

En ese mismo año se hizo la Operación Limpieza, la cual se realizó en contra de 25 integrantes de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Seido), de la cual todos los inculpados recuperaron su libertad.