Alrededor de mil 400 defraudados por Ficrea interpusieron un reclamo por daño patrimonial cometido por el Estado en contra de los ahorradores de la sociedad financiera popular (sofipo), al no actuar cuando fueron detectadas irregularidades en el funcionamiento de dicha institución.

La reclamación colectiva, por la cual se exige una indemnización de 7 mil millones de pesos, se origina por la responsabilidad patrimonial en la que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en su actividad irregular en la fiscalización de Ficrea, la cual causó graves daños y perjuicios materiales y morales a los ahorradores inversionistas, así como lesiones patrimoniales, indica la denuncia dirigida al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

El documento señala que la actividad administrativa irregular, causa de la responsabilidad patrimonial del Estado, fue ocasionada por la negligente, deficiente y relajada supervisión por parte de la CNBV. Además, acusa a esta autoridad de actuar de manera ilegal, dolosa, y hasta tal vez fraudulenta, en perjuicio de los ahorradores.

Denuncia que la CNBV se abstuvo de ejercer sus funciones de vigilancia y fiscalización al no detectar oportunamente las más insignificantes irregularidades que pudieran tener las operaciones de Ficrea.

Fuentes jurídicas cercanas al despacho Hamdan, cuyos miembros redactaron la reclamación, informaron que la demanda refiere que las instituciones señaladas como responsables de daño patrimonial no actuaron de manera oportuna contra Ficrea, como fue el caso de que la Sofipo contravino el artículo 116 fracción 90 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular al realizar operaciones de captación por un monto mayor a una vez su capital neto.

Se trata de una operación financiera que realizó la Sofipo con el Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila y la empresa Cimer Construcción, por montos de 75 millones 57 mil pesos y 67 millones 578 mil 307 pesos, respectivamente.

Los demandantes reclamaron que la CNBV y la SHCP no actuaron contra Ficrea al momento en que descubrieron que la Sofipo contravino el artículo 116, fracción 3, de la mencionada ley, debido a que 29 créditos, que en conjunto sumaban 1.4 millones de pesos, fueron clasificados como créditos comerciales sin que ello quedara demostrado.

Una comisión de ahorradores conformada por unas 20 personas entregó ayer, en las oficinas de Videgaray Caso, la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, firmada por mil 370 ahorradores y que consta de 47 páginas, así como 12 cajas de cartón con copias certificadas de contratos de inversión, estados de cuenta, recibos o fichas que comprueban los depósitos que hicieron los ahora defraudados por la sofipo, informó Javier Paz Zarza, representante de los ahorradores y quien fue entrevistado en la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional.

Los defraudados por Ficrea están siendo respaldados por los abogados Fauzi Handam y Francisco Xavier Manzanero. En caso de que en un plazo de tres meses (en cumplimiento a lo que establece la jurisprudencia de los tribunales mexicanos) las instituciones señaladas como responsables de esta afectación patrimonial no respondan, o respondan que no reconocen esa afectación o la negligencia de algún servidor público, los quejosos podrán acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo y después al amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito.

Tras la entrega de la documentación, la comisión realizó un breve mitin en el Senado para insistir en la devolución al ciento por ciento de sus depósitos entregados a Ficrea.