Si llegara a aprobarse posteriormente la Ley General de Aguas se condenaría a México a un uso ‘‘mercantilista’’ del líquido, donde se privilegiaría el interés empresarial y de ganancia sobre el derecho humano de acceso a ese recurso. Esta situación, sumada al crecimiento y concentración de la población, podría generar conflictos sociales de diferente escala e intensidad.

Con 9 millones de personas que actualmente no tienen acceso a agua potable, y 23 millones más sin alcantarillado, la legislación que ayer fue pospuesta indefinidamente en la Cámara de Diputados haría sumamente difícil alcanzar una cobertura universal, como ha planteado el gobierno federal.

Desde la perspectiva de diversos colectivos ambientalistas y de derechos humanos, la iniciativa no sólo viola el derecho humano de acceso al agua, sino agravará estructuralmente los graves problemas que enfrenta el manejo del líquido en el país.

Así, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), la Coordinadora Nacional Agua para Todos, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y el Centro de Análisis e Investigación para la Capacitación, Difusión y Acción en torno a la Democracia en México (Fundar) expresaron su enorme preocupación por el panorama desalentador que se presenta al país en los próximos años y décadas con una legislación que, de aprobarse, no reconocería el derecho humano al agua.

En sus posicionamientos, estas organizaciones han denunciado infructuosamente que la iniciativa de ley no garantiza, conforme a las normas internacionales, el derecho humano al agua y al saneamiento para los grupos más vulnerables, pues carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza.

Prueba de ello es lo que actualmente ocurre con el Acueducto Independencia, en Sonora, y la pretensión de despojar de agua a la tribu yaqui, en una lucha que lleva ya varios años y que actualmente se da en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todavía con un futuro incierto para esta comunidad indígena.

Además, en abono a posibles conflictos sociales está el incremento y concentración de la población, que ocasionará una disminución del agua renovable per cápita a escala nacional, poniéndola conforme a esta ley a disposición del mejor postor. Al año 2030 en algunas de las regiones hidrológicas del país el agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los mil metros cúbicos por habitante al año, condición que se califica de escasez grave.

En ese sentido, el grupo de ambientalistas anunciaron que realizarán hoy martes una manifestación masiva frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados para demandar a los legisladores desechar y no sólo posponer la iniciativa de Ley General de Aguas.

Nathalie Seguin, coordinadora de Comda –que agrupa a medio centenar de ambientalistas, defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas–, señaló que la propuesta actual profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio, y que además facilita la privatización del suministro e infraestructura en todo el país.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) indicaron que más de 5 mil personas y alrededor de mil científicos reprobaron dicha ley. Silvia Manueli manifestó que ‘‘ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje, es una ley privatizadora, mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías’’.

Agregó que los casos de privatización del agua han dejado como resultado precios elevados por parte de las empresas privatizadoras, como sucede en Saltillo, Coahuila. ‘‘Tenemos estudios muy concluyentes de que no han funcionado estas fórmulas; por ejemplo, han aumentado las tarifas hasta en 800 por ciento, no se respeta por tanto el concepto de asequibilidad, las cuotas no han sido adecuadas al nivel de ingreso de cada persona y ha habido falta de transparencia en las empresas que se han beneficiado con la privatización’’.