El dictamen con las modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco sigue detenido en el Senado. Luego de más de dos años que el proyecto permaneció en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que preside el panista Héctor Larios, el pasado jueves se sumaron las dudas de legisladores priístas por la supuesta afectación que la reforma causará a los productores de la planta de tabaco.

Organizaciones civiles denunciaron que el senador del PRI Braulio Manuel Fernández Aguirre pidió que se retirara el dictamen del orden del día –lo que hizo su compañero Ricardo Urzúa Rivera– porque la iniciativa plantea el establecimiento de espacios ciento por ciento libres de humo de tabaco en todo el país.

La ley vigente permite que haya áreas para fumadores, disposición que no se cumple porque los requisitos que señala son complicados de llevar a cabo en algunos casos y en otros de plano no se acatan.

Aunque con severas modificaciones al proyecto original, presentado por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, el dictamen está listo para presentarse al pleno del Senado para su discusión y aprobación.

Son varios los temas que limitan el alcance de las modificaciones para avanzar en la erradicación del tabaquismo en México. Principalmente está el plazo de dos años a los espacios públicos cerrados (bares y restaurantes) para que estén totalmente libres de humo de tabaco.

Organizaciones civiles han señalado que ningún país se ha dado tanto tiempo para el cumplimiento de esta disposición.Cuando mucho se requieren seis meses.

La medida no tiene ninguna repercusión económica para los negocios, como se ha comprobado en otros países y en el Distrito Federal, donde esta política existe desde hace más de siete años.

La posición de los senadores priístas, además de colocarse del lado de los intereses de la industria tabacalera, contradice la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, quien el pasado 28 de enero ordenó que se avanzara en la estrategia para garantizar los espacios libres de humo de tabaco en el país.

Érick Antonio Ochoa y Juan Núñez Guadarrama, integrantes de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento), respectivamente, comentaron que los senadores Fernández Aguirre y Urzúa Rivera relegan el derecho a la salud de los mexicanos y no toman en cuenta los daños: más de 66 mil muertes al año por enfermedades asociadas al tabaquismo y un gasto superior a los 61 mil millones de pesos para la atención de esos padecimientos.

Respecto a las supuestas afectaciones que enfrentarían los productores de tabaco, los activistas resaltaron que esta planta ocupa el lugar 82 entre los cultivos y 0.03 por ciento de la superficie total de producción agrícola en México.