A pesar de los avances, los embarazos no deseados siguen siendo un grave problema en el país, debido a que 54 por ciento terminan en abortos inducidos. Un aborto clandestino generalmente es inseguro, y detrás de casi cada interrupción provocada hay un embarazo no planeado.

María Eugenia Romero, de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), integrada por cinco organizaciones encargadas de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, recordó que desde hace ocho años la interrupción del embarazo es legal en el Distrito Federal.

Señaló que el número de personas que acuden a los servicios demuestra fehacientemente que el acceso al aborto es una necesidad sentida de las mujeres, es un derecho reproductivo, el cual debe reconocerse y garantizarse en todo el país y el mundo.

Indicó que de 2007 –cuando fue aprobada la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo– a la fecha, alrededor de 135 mil mujeres han recurrido a este método. La mayoría, 73 por ciento, son provenientes del Distrito Federal; 23 por ciento son del estado de México, y el resto, de Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Veracruz y Guanajuato.

En cuanto a nivel de estudios, 8.3 por ciento han cursado la primaria, 32.9 la secundaria, 39.5 la preparatoria y 17.2 son de nivel superior.

Al término del procedimiento de interrupción, 24.2 por ciento de las usuarias optaron por el dispositivo intrauterino; 10 por ciento, por la píldora; 6.9 por las inyecciones; 2.2 se decidieron por la obstrucción tubaria; 17.8, condón, 27.4 por ciento, otro método.

En entrevista por separado, Carla Luisa Eckhardt, de Marie Stopes México, organización no gubernamental dedicada a la salud sexual y reproductiva, indicó que de 2008 a la fecha han realizado 85 mil interrupciones legales del embarazo (ILE) sólo en el Distrito Federal, adicionales a las cifras oficiales.

Explicó que una ILE en una clínica no oficial cuesta entre dos y cinco mil pesos, dependiendo del servicio o paquete que las mujeres elijan.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Martha Lucía Mícher, demandó que la interrupción legal del embarazo se aplique a escala nacional, pues los abortos clandestinos ponen en riesgo la salud de las mujeres.

Agregó que de, acuerdo con el estudio Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias, que realizaron El Colegio de México y el Guttmacher Institute, la penalización del aborto no evita su práctica, pues se estima que la mitad (54 por ciento) del total de embarazos no planeados en el país se resuelve mediante un aborto inducido. Las autoridades en las entidades del país, añadió, no saben defender el derecho de las mujeres, ya que sólo les interesan para los votos, no les interesan los métodos anticonceptivos. Ellas tienen el derecho a decidir su maternidad libre y voluntariamente.