Ante la nula eficiencia de las autoridades para buscar a las víctimas de desaparición forzada, un grupo de investigadores mexicanos desarrolló un proyecto para elaborar una base de datos de ADN independiente que sirva a los familiares de los desaparecidos para presionar al gobierno del país y obligarlo a analizar los restos encontrados en fosas comunes.

Mediante un proceso sencillo, tanto de toma como de almacenamiento de las muestras, las personas se apropian de la tecnología que puede ayudarlos a buscar a sus seres queridos, desmintiendo así la idea de que esta es una labor únicamente de especialistas, señaló Rodolfo Franco, integrante de la organización Gobernanza Forense Ciudadana (GFC).

En charla con La Jornada, el activista explicó que la idea surgió en 2012, cuando los investigadores mexicanos Ernesto Schwartz y Arely Cruz Santiago, quienes trabajan en la Universidad de Durham, Inglaterra, propusieron crear una base de datos de ADN de familiares de personas desaparecidas, independiente de la que tiene el gobierno del país.

El proyecto fue financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social de Gran Bretaña, luego de haber ganado el premio Transformative Research Action, mediante el cual se reconocen y sustentan iniciativas de gran impacto social. La propuesta tuvo que competir antes contra decenas más en la Universidad de Durham, destacó Franco.

La intención es dar a los familiares elementos para que participen en las investigaciones junto con el gobierno y entiendan de qué tratan, lo cual genera transparencia en un sistema que normalmente es hermético y excluyente.

“El problema es que nadie deja ver a los ciudadanos cómo hacen las cosas. El gobierno mexicano promueve una transparencia ex post, pero no mientras hace sus investigaciones. No tiene caso decir ‘esto estuvo mal hecho’ al final del proceso, cuando existe la posibilidad de revisarlo mientras todavía está abierto”, dijo.

Fue así, con la consigna de dar a las personas el control de herramientas tecnológicas, en vez de considerarlos sujetos ignorantes a los que hay que apapachar, que el proyecto inició en octubre pasado con el lanzamiento de un registro nacional ciudadano de personas desaparecidas, en el que hasta el momento se han documentado de forma anónima unos 600 casos.

Con los fondos recibidos, GFC pudo disponer de mil 500 kits para hacer pruebas de ADN, los cuales prácticamente ya se habrían agotado, tomando en cuenta que a veces es necesario tomar muestras a dos o tres familiares de víctimas de desaparición, con el objetivo de tener un panorama genético completo.

La segunda etapa del proyecto dio inicio el pasado 19 de febrero, cuando la organización asignó dichos kits a las personas interesadas en utilizarlos. A finales de marzo, ellas mismas se deberán hacer las tomas de ADN, mediante un raspado bucal con un hisopo que recoge células epiteliales, las cuales serán almacenadas para crear con ellas un biobanco de datos.

Luego de obtener su perfil genético, los familiares podrán exigir a las autoridades que a su vez le practiquen estudios de ADN a cuerpos encontrados en fosas comunes donde piensen que pueden estar sus parientes.

Las tomas de muestras de ADN, recalcó Franco, no son difíciles de hacer y el análisis mismo tampoco es caro, pues cuando se hacen en un volumen de 100 o más pueden costar entre 50 y 60 dólares.