Aún como presidente electo, Enrique Peña Nieto se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, quien le planteó que, de acuerdo con la Constitución, el máximo tribunal debe estar integrado ‘‘preferentemente’’ por ministros con carrera judicial; sin embargo, la petición fue ignorada por el mexiquense ya como titular del Ejecutivo federal.

En la elección de dos ministros en noviembre de 2012, en la quee Peña Nieto ya fue factor de decisión en razón de que estaba a días de asumir la Presidencia de la República, con un Senado mayoritariamente priísta fueron designados el magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este último era en ese entonces director del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por primera vez en la historia, el máximo tribunal de justicia quedó integrado con una mayoría de ministros sin carrera judicial.

Con la muerte de Sergio Valls Hernández (externo), en diciembre pasado, trascendió que Silva Meza le notificó en diciembre pasado al presidente Peña Nieto que se iniciaba el proceso para designar al sucesor y su planteamiento fue que los candidatos fueran ‘‘juzgadores de carrera’’, como lo prevé el artículo 95 constitucional.

De los integrantes de la actual terna, formada por los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Alfredo Fuentes Barrera, así como por el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y embajador en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, este último no tiene carrera judicial.

Actualmente, los ministros de la Corte en funciones que cuentan con carrera judicial son: Juan N. Silva Meza, Luis María Aguilar Morales, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos. Los ‘‘externos’’ son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco y Arturo Zaldívar.

Por su parte, Imer Flores Mendoza, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que Medina Mora ‘‘no cumple con los requerimientos de imparcialidad e independencia’’ que se requieren para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues tiene una ‘‘estrecha relación de subordinación’’ con el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, además de que en su trayectoria ha mostrado una ‘‘posición conservadora y contradictoria’’ ante los derechos humanos.

Asimismo, como procurador fue responsable del llamado michoacanazo –cuando se detuvo a más de 30 alcaldes michoacanos acusados de presuntos nexos con el crimen organizado, pero que a falta de elementos obtuvieron su libertad– y de la ‘‘injusta’’ detención por más de tres años de tres mujeres indígenas en el municipio de Amealco, Querétaro, señaladas por la PGR de haber ‘‘secuestrado’’ a seis agentes federales.

Visión parcial

Flores Mendoza señaló que si bien Medina Mora ha tenido cargos destacados dentro del sector público, éstos han estado más ligados al tema de seguridad que de justicia. ‘‘Necesitamos ministros de la Corte con un compromiso más claro con los temas de justicia y de derechos humanos y no tanto con el de seguridad. Porque de ser elegido, cuando el máximo tribunal tenga que resolver temas como el sistema anticorrupción, el arraigo o los testigos protegidos, Medina Mora ya tiene una visión muy parcial de los mismos y su actuar como procurador no necesariamente estuvo apegado al estado de derecho ni a las garantías fundamentales’’, concluyó.