Oaxaca, Oax.

Autoridades comunales de diversas localidades de la entidad, así como el pintor Francisco Toledo, fundador del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), y la diputada federal perredista Aleida Alavez, se declararon en contra de la Ley General de Aguas que se discute en el Congreso de la Unión. Consideraron que con la legislación se pretende privatizar el líquido en beneficio de las grandes empresas y en detrimento del pueblo de México.

La noche del sábado se ofreció en las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca una conferencia de prensa en la cual autoridades, Toledo y Alavez presentaron un posicionamiento en contra de la Ley General de Aguas. En entrevista, Toledo indicó: ‘‘Creo que estas nuevas leyes, en las que permiten a la iniciativa privada entrarle a los mantos acuíferos y a los ríos, van a ser un desastre’’.

Agregó que esta iniciativa, impulsada por la Presidencia de la República y discutida en el Congreso federal, traerá diversas problemáticas e incluso ‘‘consecuencias muy graves; a ver si no vienen de inmediato todas las refresqueras a querer comprar toda el agua’’.

Señaló que el costo del agua es reducido en Oaxaca, pero si una persona tiene necesidad de adquirir una pipa con el líquido debe pagar entre 800 y mil pesos, ya que el traslado de agua en camiones cisternas es un negocio operado por particulares, situación que se agravaría de aprobarse la nueva ley, por lo que ‘‘hay que hacer algo’’.

Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, Aleida Alavez, llamó a la defensa del líquido. Sostuvo que ‘‘este modelo hídrico se basa en cómo orientar para que de una cuenca a otra se hagan megaproyectos para trasladar el agua sin garantizar la sustentabilidad’’, lo que derivaría en la devastación de las zonas de las que se extraiga.

Afirmó que ‘‘no es un derecho humano el que están haciendo valer con esta ley’’, pues el Estado mexicano busca desentenderse de su obligación de operar y distribuir el agua y la cede a la iniciativa privada, ‘‘sin que con esto se garantice que los particulares tengan primero la noción de hacer valer este derecho’’, ya que incluso marca que el uso de agua por cada persona será de 50 litros diarios, lo mínimo recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud.

De igual manera, la perredista acusó que la iniciativa obliga a estados y municipios que quieran recibir recursos públicos o programas a signar forzosamente un convenio de colaboración en el que se impondrán medidas, principalmente en las tarifas, lo que crearía muchos conflictos, ya que no se puede cobrar la misma cantidad de dinero a los usuarios. ‘‘Estamos hablando de cobros que se van a ir a 300 por ciento de lo que actualmente estamos pagando por el agua’’.

Sostuvo además que en el Congreso federal se percibe una legislatura autoritaria en la que los representantes populares ni siquiera revisaron la iniciativa presentada e incluso recibieron el dictamen de la ley la noche del martes pasado y la aprobaron al mediodía del miércoles sin discutirla, lo cual consideró una clara muestra de que no fue analizada, sino que se distribuyó con la orden de votarla de inmediato.