Nicolás Romero, Méx.

Priístas encabezados por Adriana Sobreyra Peña –hermana del alcalde, Martín Sobreyra–, apoyado por más de 100 granaderos, se apoderaron ayer de las oficinas del comité del agua y de la delegación autónoma del poblado San Francisco Magú, que eran administradas por indígenas, a quienes golpearon. La agresión dejó al menos 10 personas lesionadas.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, y la consejera indígena Berenice Sánchez afirmaron que los priístas quieren apoderarse del control del agua potable de San Francisco Magú para destinarla a un fraccionamiento campestre de más de 20 mil viviendas, que se construirá con apoyo de de autoridades mexiquenses.

Explicaron que ayer por la mañana unos 100 priístas, con Adriana Sobeyra al frente, se congregaron para una supuesta asamblea, pero irrumpieron en las oficinas del comité de agua, de donde sacaron a representantes del poblado indígena.

Indicaron que, junto con granaderos, los priístas golpearon a Francisco Nonigo, delegado indígena; Berenice Sánchez, del consejo indígena, al menor Cristofer Fernández y a otras personas.

Arrasan bosque para residencias campestres

Berenice Sánchez, quien también es integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios, explicó que San Francisco Magú es un poblado de unos 15 mil habitantes otomíes, quienes por usos y costumbres administran la distribución del agua de sus pozos.

Recordaron que en 2012 comenzaron a ser devastadas 184 hectáreas de bosques de uso común, donde las autoridades pretenden construir una zona habitacional campestre. Explicaron que el gobierno quiere controlar el agua para destinarla al fraccionamiento y para ello utiliza un grupo de choque integrado por militantes priístas.

Destacaron que después del ataque los integrantes del comité interpusieron la denuncia penal 483360620034215 por agresión, lesiones y despojo; además, solicitaron a organismos defensores de los derechos humanos que ordenen medidas precautorias.

En los dos años ha recientes habido represión del gobierno. Quieren imponer un fraccionamiento campestre que vendrá afectar la vida de la comunidad indígena. El pueblo no está dispuesto a entregar su agua, dijeron.