La Ley General de Aguas viola el derecho humano al vital líquido, porque las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua de la Cámara de Diputados incluyeron en la iniciativa una adenda contradictoria con la Constitución.

El martes próximo, el pleno camaral someterá a discusión y posterior aprobación el dictamen que distintos sectores de la sociedad han reprobado porque acotará el uso humano del líquido y abrirá ventajas singulares al sistema de explotación de gas conocido como fracking.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados refiere que la norma a discusión violentaría el derecho humano al agua, porque en el artículo cuarto constitucional está considerada textualmente como tal.

Manuel Huerta, diputado de ese partido, expuso que el dictamen impulsado por el PAN y el PRI anula este derecho, lo que significa que el Estado ya no garantizará las condiciones mínimas de abastecimiento en forma suficiente, salubre y asequible.

A decir de Morena, la ley propuesta también violentaría la legislación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual considera que cada ser humano tiene derecho al uso diario de al menos 50 litros de agua.

En el dictamen que se abordará el martes se señala que esa cantidad será de 50 litros. No obstante, reprochó el diputado Huerta, “en forma subrepticia y mediante un addendum, se suprimieron muchos aspectos, entre ellos la citada garantía del mínimo de abastecimiento al agua de 50 litros (por persona), al grado de desaparecerla del dictamen, sustituyéndola con una expresión genérica, como es la siguiente: ‘que la autoridad competente garantizará el derecho humano al agua con la dotación del mínimo vital’”.

Desabasto de agua en la delegación AzcapotzalcoFoto Francisco Olvera

Además, el documento avalado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua contiene un catálogo de acciones que dañarían –de aprobarse– el sector hidráulico y la debida gestión gubernamental: anula el concepto de asequible, es decir, que en su costo se elimina la consideración de que éste sea acorde con la capacidad económica de los usuarios. Asimismo, para la prestación del servicio público de agua potable y drenaje se prevería en el dictamen original la coordinación entre la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, obligación que ahora se suple con la creación de comisiones metropolitanas.

En el caso del organismo rector del agua, se le despoja del deber que poseía para coordinarse con áreas científicas para el desarrollo tecnológico e innovación, para dejarlo en fomentar, lo que suprime de tajo la vinculación como un sector tan relevante como es el científico. Se elimina el consejo consultivo del agua, que operaba para difundir el conocimiento del problema de este elemento.

También se elimina la obligación del Estado para garantizar el derecho humano al agua con la aplicación de recursos e inversiones suficientes y oportunas. Dicho precepto se sustituirá con la expresión común de garantizar el derecho humano al agua, sin obligación alguna para el Estado.