Los peritajes antropológicos son un elemento con el cual no sólo puede traducirse la realidad de diversas comunidades indígenas, sino también una herramienta para avanzar en la adecuada impartición de justicia para sus reclamos, sobre todo cuando se enfrentan a megaproyectos impulsados por grupos de poder económico.

Así lo afirmaron los participantes en el Foro internacional identidad, territorio, jurisdicción: la función de los peritajes antropológicos para la exigibilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, realizado ayer en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Cecile Lachenal, integrante del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que aunque este tipo de estudios aún son poco visibles en el ámbito judicial mexicano y hay muy poca información oficial sobre qué tanto se utilizan, su utilidad para conocer las necesidades y características de los pueblos originarios es muy importante.

Los peritajes antropológicos no son sólo una traducción de lo que pasa en una comunidad, sino también una herramienta fundamental para construir interpretaciones jurídicas que nos sirvan para avanzar en la justiciabilidad de las demandas de los pueblos indígenas, subrayó la especialista.

Un ejemplo de ello, destacó, es el de Irene Cruz Zúñiga, indígena mixteca que sufrió daño cerebral y motriz permanente en 2001 tras recibir mala atención médica cuando acudió a dar a luz. A través de un peritaje antropológico con perspectiva de género, las autoridades determinaron las medidas de reparación del daño e identificaron graves carencias en el sistema de salud.

Por su parte, Francisco López Bárcenas, especialista en derecho indígena, indicó que esta herramienta puede ser útil a las comunidades indígenas para enfrentar la crisis desatada por lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli llama los poderes salvajes, es decir, los grupos de influencia económica que hacen lo que les viene en gana porque nadie puede someterlos.

El magistrado Rubén Paulo Ruiz, del primer tribunal unitario del 13 circuito, con sede en Oaxaca, manifestó que un peritaje antropológico permitió recuperar la libertad a un indígena zapoteco que había pasado año y medio en la cárcel porque no le habían podido explicar de qué se le acusaba, y hasta que se realizó dicho estudio, pudieron subsanarse las faltas al debido proceso que sufrió el inculpado.

De su lado, Francisco Ibarra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, adelantó que en el contexto de la reforma energética promovida por el gobierno es posible que las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas por diversos proyectos soliciten cada vez con mayor frecuencia peritajes como ese, para comprobar los daños que sufrirían.