La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunciará en los próximos días en torno a la presunta averiguación previa que se inició en contra del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y su hermano Miguel, quienes habrían recibido más de 3 millones de dólares de un empresario beneficiado con contratos del gobierno estatal.

Colaboradores de la procuradora Arely Gómez González señalaron que se realiza una búsqueda en los registros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), para conocer si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó la denuncia a la que hizo referencia una publicación del diario The Wall Street Journal, en la que menciona la entrega de recursos a los hermanos Padrés.

Al respecto, Antonio Astiazarán, diputado por el Partido Revolucionario Institucional y coordinador de los legisladores sonorenses del tricolor en San Lázaro, demandó a Padrés una aclaración pública sobre si existieron los depósitos millonarios que le habrían beneficiado a él y a su familia, según lo publicado por el rotativo estadunidense.

De acuerdo con el periódico, una investigación de la Secretaría de Hacienda gira en torno a por lo menos 3.3 millones de dólares en pagos que presuntamente recibió Miguel Padrés.

Documentos citados por The Wall Street Journal señalan que el dinero supuestamente fue pagado por Mario Aguirre, un destacado empresario de Sonora vinculado a las firmas que ganaron licitaciones por unos 20 millones de dólares al año.

Aquí no estamos solamente ante un problema de lavado de dinero, estamos ante una mentira que se ha externado a los sonorenses y a México, porque hace una semana el gobernador y su familia dieron a conocer su declaración patrimonial, y en ella no se hace referencia a las transferencias que se revelaron, insistió el diputado priísta.

Por su parte, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, reclamó que no se enfoquen baterías contra la oposición política al gobierno y se trate con el mismo rasero a los priístas involucrados en actos probablemente delictivos.

Advirtió que la ley debe aplicarse lo mismo a Guillermo Padrés como a todo aquel funcionario de alto o bajo nivel que incurran en prácticas de corrupción.

La PGR no confirmó ayer la existencia de la denuncia a la que hace mención el diario estadunidense, aunque los funcionarios consultados señalaron:

En este momento no podemos desmentir ni verificar la existencia de la denuncia, ni el curso que tomó la presunta investigación, en caso de que se haya integrado una averiguación previa, porque se está a la búsqueda de los registros de la misma.