El estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según el cual prevalecen los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión de adolescentes, debería servir para fincar responsabilidades penales a funcionarios responsables de esos hechos, consideró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Esto no es nuevo; ya se había dado a conocer un estudio similar hace 10 años y lo más preocupante es que esta realidad no ha cambiado en nada en ese tiempo. Estamos hablando de asuntos que la autoridad no ha atendido durante mucho tiempo y valdría la pena fincar responsabilidades a quienes han sido omisos, subrayó el especialista en charla con La Jornada.

Pese a que hay avances en materia legislativa, como las reformas al artículo 18 constitucional o el surgimiento de la legislación de Adolescentes en Conflicto con la Ley, Pérez indicó que éstos tampoco se han aplicado con la fuerza necesaria, pues se requiere mayor profesionalización del personal a cargo de estos temas.

Lamentó que las autoridades mexicanas aún vean la reclusión de menores como la alternativa prioritaria cuando éstos violan la ley, sin considerar que hay estudios –como el realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– que indican que el uso de medidas socioeducativas es más eficiente para evitar la reincidencia en conductas delictivas.

Los centros de detención de menores, enfatizó, en realidad son cárceles para adolescentes donde aprenden toda la cultura carcelaria y se encuentran con enlaces delictivos. Muchos entran por robar dulces en un Oxxo y al salir están involucrados en grupos de robo de autos.

Por todo lo anterior, el director de la Redim llamó a que los adolescentes privados de la libertad sean protegidos contra actos de tortura y malos tratos, y que los responsables sean acusados penalmente. Hay que dar ese siguiente paso, porque la impunidad es la mejor garantía de que esto se repita, dijo.

Pérez García dijo que los centros de reclusión de menores pueden ser espacios donde las tensiones se agudicen, debido a los tratos humillantes a que son expuestos y al poder que acumulan los guardias, lo cual puede generar motines y violencia.