Las investigaciones contra funcionarios federales de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), estatales de Quintana Roo y del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) llevarán su tiempo, varias semanas o incluso meses, revelaron fuentes cercanas al proceso.

Hasta ahora, se informó, son siete los funcionarios federales de la Profepa –cuatro inspectores, dos subdelegados y un delegado– sujetos al proceso administrativo iniciado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pero respecto de los funcionarios estatales y municipales, ni siquiera se tiene el número exacto. En ambos casos, por tratarse de un proceso en curso, los nombres de los implicados se reservan.

En medio de las investigaciones, la Profepa presentó esta semana a su nueva delegada en Quintana Roo, Carolina García Canón, ex diputada federal por el PVEM, en sustitución de Ludivina Menchaca Castellanos, quien renunció para ir en busca de una diputación.

Fue un relevo institucional, se informó en la Profepa, al rechazar que el cambio se deba a la clausura de Dragon Mart y a las investigaciones contra funcionarios públicos federales que eximieron indebidamente a dicho proyecto de responsabilidades en materia de impacto ambiental y forestal, lo que provocó la destrucción de 200 hectáreas de terrenos forestales y en el ecosistema costero afectó gravemente flora y fauna de la región hidrológica sureste del corredor Cancún-Tulum.

El proyecto pretendía construir 722 viviendas, 20 naves comerciales y 3 mil locales en una superficie de 560 hectáreas de las cuales en 200 se llevaría a cabo el proyecto y el resto sería de conservación, según el diseño cancelado a finales de enero, tras descubrirse las irregularidades. Desde el principio organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo evidente, sin que las autoridades hicieran algo.

Aunque los involucrados son funcionarios públicos federales, la Profepa pidió al alcalde de Benito Juárez y al gobierno del estado, iniciar una investigación similar en contra de los funcionaros del ámbito estatal y municipal que otorgaron permisos a la desarrolladora del proyecto. En ambos casos, no hay información disponible.