La detención del ex policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez, a quien se señala como probable responsable del asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontés, anunciada por el gobierno federal el pasado 26 de febrero, no resuelve nada, sólo responde a una acción hecha al vapor y no tiene el respaldo de una investigación seria y profunda, con pruebas, sostuvo la familia del joven normalista, uno de los tres que murieron durante el ataque de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 en Iguala, Guerrero.

Julio César, mexiquense de origen, fue abandonado a dos cuadras del lugar donde los autobuses con estudiantes fueron atacados y de donde 43 de ellos fueron secuestrados por los propios policías. Su cuerpo fue encontrado en horas de la madrugada. Le habían arrancado el rostro.

En un comunicado divulgado ayer, suscrito por la madre de Julio César, Afrodita Mondragón; su hermano Lenin, su viuda Marisa Mendoza y su tío Cuitláhuac Mondragón, la familia lamenta que meses antes de anunciar la detención del policía, mediante un boletín de prensa (el número 35 de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS), la Procuraduría General de la República (PGR), aún bajo el mando de Jesús Murillo Karam, había cortado todo contacto con ellos.

Dos expedientes para un solo caso

También denunciaron que el caso es investigado en dos expedientes distintos, radicados en Chilpancingo, como homicidio calificado y delincuencia organizada, y no como corresponde, que es ejecución extrajudicial y tortura.

Rechazan que la PGR pretenda cerrar el caso de Julio César Mondragón con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático.

Argumentan que esto es imposible sin tomar en cuenta las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro, (que son) enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.

Cuitláhuac Mondragón, tío y tutor del joven asesinado, subrayó el abandono y el descuido con el que las autoridades han tratado el caso. En el boletín de la CNS citan mal su segundo apellido, ponen Fontaine en lugar de Fontés. Además, el ahora ex procurador Jesús Murillo Karam sólo una vez lo mencionó en sus conferencias de prensa sobre el caso Ayotzinapa, en la del 7 de noviembre. Y no se refirió a él por su nombre, sino como el desollado.

Asimismo, denunciaron que el expediente radicado en Chilpancingo, al que han tenido acceso limitado, está incompleto, y acusaron a la PGR de actuar de manera efectista y sumaria.

La familia Mondragón demanda que la nueva titular de la PGR, Arely Gómez, retome el caso, pero que esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha se querido o no se ha podido aplicar en este desarrollo.

La averiguación previa por el caso de Julio César fue tipificada desde un principio como homicidio calificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y quedó en el ámbito del fueron estatal.

A pesar de la petición de la familia, la PGR no ha atraído el caso al fuero federal, aunque el resto del expediente de los hechos de Iguala/Ayotzinapa sí es investigado por esta dependencia.

Sin embargo, fueron la Secretaría de Gobernación y la CNS los que el pasado 26 de febrero –mientras en el país se realizaba la novena marcha de protesta– informaron sobre la detención del ex policía de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien se le vincula con la muerte de Mondragón y el ataque al autobús del equipo local de futbol Avispones de Chilpancingo.

Esta es apenas una de las inconsistencias de la investigación, comentó Sayuri Herrera, del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Vittoria, que hace el acompañamiento legal de la familia. “El homicidio de Julio César debería formar parte integral del expediente, junto con el de los 43 desaparecidos; pero se le dejó aislado en la justicia estatal y ahora es el Ejecutivo federal el que informa de la captura de un probable responsable –sólo uno– y la fiscalía de Guerrero sigue guardando silencio”.

Los familiares del joven lamentaron que la mayoría de los medios de comunicación aceptaran lo dicho por la PGR como hechos ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.

Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado pacientemente respuestas de la PGR y de las autoridades correspondientes, pero nunca han llegado, sostiene la familia, originaria de Santiago Tianguistengo, estado de México.

Un día antes del anuncio, la viuda de Julio César, Marisa Mendoza, normalista egresada de la femenil rural de Panotla, Tlaxcala, acudió a la PGR en respuesta a una notificación recibida la víspera. La sorpresa fue que ahí se enteró de que la PGR ya tenía un culpable de todo y que se trataba de un ex policía que se había amparado, explicó la defensora Sayuri Herrera.

Por lo anterior, la familia Mondragón Fontes demanda que la PGR, con su nueva titular, respete los acuerdos del 29 de octubre de 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones.