Las comisiones de Gobierno y Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordaron con unas 20 organizaciones del Movimiento Urbano Popular (MUP) una ruta crítica para discutir la norma 26 en materia de vivienda.

Durante una reunión, los dirigentes de las organizaciones instaron a los legisladores a evitar mensajes que desaten la especulación en el precio del suelo, al advertir que el anuncio de que se construiría la ciudad administrativa en la colonia Doctores provocó un incremento de 300 por ciento en el precio del suelo al pasar de unos 5 mil pesos el metro cuadrado a 25 mil y hasta 30 mil pesos.

El acuerdo alcanzado considera iniciar mesas de trabajo a partir del jueves 11 de marzo en las que intervengan las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Finanzas (Sefin), así como el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi).

Entre otros temas, las organizaciones pidieron posponer el debate sobre la vivienda media y concentrase en la de interés social y popular, el incremento al presupuesto para estos proyectos, así como en el debate sobre la concepción de ciudad compacta, administrativa y policéntrica, que no aparece en la ley, pero sí en el Programa General de Desarrollo 2012-2018, expuso el ex diputado local del PRD Rodolfo Pichardo.

En la reunión, Luis Manuel Ortiz, de la Coordinadora Democrática de la ciudad de México, pidió a los legisladores poner orden en la ciudad y abatir la especulación en colonias como la Obrera y la Doctores, donde la gente está en una situación desesperada, ya que se ha desatado el incremento de las rentas, el precio del suelo y las amenazas de desalojo porque van tres ocasiones que un secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dice que se va a construir la ciudad administrativa.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias, recibió de las organizaciones su propuesta para reformar la norma 26 e indicó la ruta que seguirá el proyecto en tres ejes: el primero, en coordinación con las autoridades del gobierno capitalino; el segundo, para la discusión y análisis de la parte técnica legislativa del proyecto, y el tercero, para la revisión de la parte presupuestal o financiera.

Los líderes de las organizaciones se hicieron acompañar de centenares de afiliados que montaron un plantón a las puertas del recinto legislativo. Su propuesta se centra en la producción de vivienda de interés social y popular, con un costo máximo para la primera de 5 mil 400 veces el valor de la unidad de cuenta de la ciudad de México, esto es, 377 mil 730 pesos, y de 9 mil para la popular, es decir, 629 mil 550 pesos. Asimismo, plantea que los desarrolladores privados estén sujetos a los criterios, condiciones y techos financieros fijados para el Invi.