Las comunidades de San Francisco Magú, San Francisco Xochicuautla y Coyotepec están siendo amenazadas por megaproyectos que buscan despojarlos de sus recursos naturales para promover nuevos desarrollos comerciales, advirtió Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

El activista indicó que para forzar a las comunidades a entregar sus recursos, el gobierno local ha enviado tanto a policías como a grupos de choque a intimidar a los vecinos organizados, por lo que solicitará que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares a varios de ellos.

Las comunidades de San Francisco Magú y San Francisco Xochicuautla son pueblos otomíes que tienen reservas de acuíferos y un ejercicio muy arraigado de sus usos y costumbres. Ambas están resintiendo los embates del desarrollo salvaje impuesto por el gobierno mexiquense, explicó.

Las dos localidades, según Lara, son pretendidas por grupos de inversionistas para que formen parte de la ampliación zona esmeralda, mediante la cual buscan aprovechar agua y territorio para crear nuevos desarrollos inmobiliarios, comerciales y carreteros, como parte de las llamadas ciudades Bicentenario, promovidas por las autoridades locales.

Una empresa interesada en los recursos de Xochicuautla, ejemplificó Lara, es el Grupo Higa, que tiene concesionada la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, y el cual trató sin éxito de hacer una asamblea en dicha comunidad el domingo pasado para liquidar a los afectados por el proyecto carretero, intimidando a los pobladores con granaderos.

Todo esto no es ajeno a lo que ocurre en Coyotepec, subrayó el activista, comunidad donde existe un conflicto por el intento del gobierno municipal de hacerse con el control del agua que hoy administra el pueblo por usos y costumbres, en un fenómeno que desde 2013 ha dejado un muerto y decenas de personas heridas y amenazadas.

Para imponer sus proyectos económicos, alertó, el gobierno mexiquense ha tratado de intimidar a los pobladores mediante la incursión de policías estatales y municipales, así como de grupos de choque.

Las autoridades están equivocando su política y se está gestando una resistencia civil no vista en la historia reciente del estado, consideró Lara, quien adelantó que pedirá medidas cautelares al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.