La iniciativa de Ley General de Aguas, elaborada por el Ejecutivo federal e ingresada a la Cámara de Diputados el 26 de febrero para su discusión, no garantiza el derecho humano al agua y saneamiento, pues carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y en condiciones de pobreza, aseguró la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda).

El colectivo, que agrupa a medio centenar de ambientalistas, defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas solicitó que para el proceso de dictamen se realicen en el recinto de San Lázaro foros de discusión abiertos a la sociedad civil, y se tome en cuenta la opinión de especialistas y grupos interesados.

Apenas en febrero, investigadores e integrantes de organizaciones civiles entregaron a legisladores federales una propuesta ciudadana de iniciativa general en la materia, la cual lleva más de dos años trabajándose y en cuya elaboración participaron 450 académicos, investigadores, especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios.

En México, 9 millones de personas carecen de agua potable, y de ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales, según datos oficiales. Pero para el abasto de agua, otras 34 millones de personas dependen de acuíferos en camino a la extinción, y hay inequidad en la distribución del recurso, además de una gran impunidad por la contaminación de acuíferos que dejan las concesiones mineras.

Ante esta realidad, el colectivo señaló que es necesario un nuevo modelo de gestión del recurso, donde la Ley General de Aguas juega un papel fundamental para los próximos años. No obstante, aseguró que tal como fue presentada la iniciativa de ley, no contribuye al desarrollo sustentable ni garantiza los derechos humanos al agua y al medio ambiente sano de las personas, por lo que no puede ser aprobada en el Congreso.

En su posicionamiento, las organizaciones de la sociedad civil señalan que, si bien en la exposición de motivos se menciona que su fundamento radica en el contenido normativo de ese derecho humano, el proyecto de ley omite respetar y garantizar el cumplimiento de obligaciones, como es asegurar el derecho de acceso al líquido y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.