La inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de candidatos para ocupar un sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es preocupante, ya que se trata de un funcionario incompetente y parcial, como lo demuestra su actuación en diversos casos, entre ellos el llamado michoacanazo y la controversia constitucional contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Así lo afirmaron una treintena de intelectuales, artistas y políticos –entre los que figuran Adolfo Sánchez Rebolledo, Luz Lajous Vargas, Anamari Gomís, Federico Novelo, Ricardo Tapia Ibargüengoitia y Rodolfo D. Vázquez Cardozo– en una solicitud promovida en la página de Internet change.org para que Medina Mora no sea nombrado en el cargo, en la cual se exponen diversos argumentos para señalar que la designación como ministro del embajador en Estados Unidos sería un error.

En la misiva, a la que se han sumado más de 2 mil 300 firmantes hasta el momento, se indica que el perfil de Medina Mora es del todo inadecuado para incorporarse a la SCJN, puesto que confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios poco eficaces y propensos a inclinar su proceder por razones políticas.

Tras recordar que Medina Mora ha ocupado cargos del más alto nivel, como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, los firmantes recalcaron que su desempeño coincidió precisamente con el periodo en que la seguridad y la justicia sufrieron procesos de descomposición acelerados y notables.

Entre los ejemplos que demuestran que la trayectoria de dicho funcionario se ha caracterizado por la parcialidad y la incompetencia, los promotores de la iniciativa mencionaron el caso de las indígenas ñañús Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco.

Dichas mujeres fueron encarceladas más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, en un proceso donde la institución bajo el mando de Medina Mora hizo una integración irregular del caso y violó los derechos fundamentales de las acusadas a la legalidad, la seguridad jurídica y la procuración de justicia.

Por otro lado, los impulsores de la carta en change.org recordaron que cuando Medina Mora fue procurador fueron detenidos 38 funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado, en un operativo ocurrido pocas escasas semanas antes de las elecciones federales intermedias.

En el llamado michoacanazo, recalcaron, la enorme mayoría de los detenidos y procesados pertenecían a partidos políticos distintos al del presidente en turno, Felipe Calderón. Además, las aprehensiones se realizaron a través de la figura del arraigo, es decir, sin fincar cargos a los acusados en el momento del arresto.

“Todo indica que en el tristemente célebre michoacanazo, la procuraduría encabezada por Medina Mora abusó de una figura controvertida en un momento evidentemente político”, lo cual demuestra una incompetencia y un uso partidista de la justicia inadmisibles en un ministro de la SCJN.

De igual forma, indicaron que cuando estaba al mando de la PGR, Medina Mora hizo un uso desmedido de la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, principalmente con el objetivo de socavar los procesos democráticos en el ámbito local.