n un informe enviado al Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informa que en los centros de tratamiento interno para adolescentes se cometen torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los menores recluidos. Por añadidu- ra, en esos centros imperan condiciones inadecuadas, insalubridad, plagas, carencia de servicios médicos, mobiliario y actividades educativas y recreativas; sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias alimentarias, inequidad, privilegios y discrecionalidad en la aplicación de sanciones disciplinarias.
En 47 prisiones las instalaciones no reúnen las condiciones dignas, tienen carencias o insuficiencia de camas, inodoros, lavabos, regaderas, sillas y mesas; no tienen áreas de visita familiar y faltan vidrios a las ventanas y puertas a los sanitarios
. En algunas habitaciones de otras cárceles para menores ubicadas en Morelos, Sinaloa y Zacatecas los visitadores de la CNDH observaron televisores, consolas de videojuegos y aparatos de teatro en casa.
Es pertinente recordar que esas inaceptables condiciones de las prisiones juveniles del país –reproducción de las que priman en la mayor parte de los reclusorios para mayores de edad– tienen como telón de fondo el abandono y el desinterés hacia los jóvenes, especialmente los de bajos recursos, que enfrentan tanto la insuficiencia de cobertura en la educación media y superior otorgada por el Estado como la falta de opciones en el mercado laboral.
En otros términos, los modelos económico y social imperantes condenan a muchos menores a la marginalidad y al desempleo, y nadie puede llamarse a sorpresa si algunos no encuentran más camino que involucrarse en adicciones, conductas antisociales o actividades abiertamente delictivas. De ahí a la reclusión en prisiones temporales no hay más que un paso.
Esos establecimientos deberían ser concebidos como la última oportunidad de la sociedad para recuperar a los menores a los que ella misma ha empujado a la delincuencia, y por eso la educación y la rehabilitación deberían ser los fundamentos en la operación de tales centros. Sin embargo, el panorama descrito por la CNDH revela que, al contrario, en los centros de tratamiento para adolescentes se reincide en el ensañamiento contra los menores y se les refuerza la certeza de que el mundo está regido por la crueldad, la corrupción, la indiferencia, la ilegalidad, la arbitrariedad y la ley del más fuerte.
De esa forma, tales prisiones, en lugar de fungir como mecanismos de readaptación y reducación, operan como semilleros de rencor social, y en vez de facilitar la recuperación de los muchachos recluidos, los vuelven irrecuperables.
Por si no bastara con la gravísima crisis que enfrenta el país en materia de derechos humanos, las circunstancias carcelarias que enfrentan los menores infractores dan cuenta del generalizado cinismo institucional y de la falta de claridad, rumbo, ética y resultados en las estrategias y mecanismos oficiales de prevención y combate a la delincuencia.
