La Unión Nacional de Maquineros (Unama) solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) un plan de regularización para sus equipos de entretenimiento, que la autoridad considera ilegales, así como vinculados al desarrollo de adicciones y actividades ilícitas.

Los maquineros calculan que la red de las tragamonedas y similares involucra unos 700 mil comercios del país.

Admitieron la posibilidad de que haya negocios que pudieran estar enviando ganancias a actividades delictivas; ante ello, refrendaron su petición de ser regulados para sacar a los que tengan ligas con el crimen.

El martes pasado la directora de Juegos y Sorteos de la SG, Marcela González Salas, presentó un balance de la campaña La adicción no es un juego, a seis meses de su puesta en marcha. Hace un año la funcionaria hizo referencia a la existencia de unas 140 mil máquinas ilegales; esta semana informó del retiro de cerca de 25 mil, por lo que siguen en operación 115 mil. Sin embargo, no hay ningún detenido por la supuesta ilegalidad de esta actividad.

La funcionaria dijo que con base en las denuncias ciudadanas se han detectado los equipos que, en conjunto, generarían ganancias de hasta 600 millones de pesos semanales.

Todos los argumentos de la SG fueron refutados por los representantes de la Unama, en particular lo relativo a la disputa en tribunales. Los maquineros aseguran que sí han obtenido la protección de la justicia para continuar con sus actividades.

En conferencia de prensa, afirmaron que ya interpusieron denuncias penales contra las autoridades federales por allanamiento, robo, abuso de autoridad y daño en propiedad ajena, porque los decomisos se realizan sin que los agentes presenten la orden respectiva y tampoco preservan la cadena de custodia de los objetos que se llevan o destruyen.

En un video difundido por esta unión se muestra un decomiso, a manos de trabajadores de un camión particular de mudanzas, presuntamente alquilado por la autoridad para este operativo.

Los maquineros encargaron sus propios peritajes y estudios; admiten que con esta forma de entretenimiento puede desarrollarse ludopatía, pero en idéntica magnitud a las máquinas de juego autorizadas por Gobernación, dentro de los grandes casinos, de los que hay en operación actualmente 297 en el país.

Dijeron que la mayoría de los jugadores de sus máquinas tragamonedas, identificadas como pin ball, perla de oriente o chinitas son mayores de edad.

En su opinión, la SG ha desarrollado una campaña agresiva, ilegal e incluso con tintes electorales, en la que se les acusa de delincuentes sin que exista una sentencia judicial que lo sustente.

La mayor parte de estos mecanismos operan en colonias populares. Los maquineros aseguran que no tienen las condiciones de inversión para convertirse en minicasinos, una de las propuestas de la SG, para una eventual regularización.

“Llegan los supuestos policías a los negocios y sin ningún tipo de protocolo de custodia ahí mismo les sacan el dinero a las máquinas; las rompen en nuestra cara o se las llevan para revenderlas.

“Que nos digan con precisión dónde y en qué situación están los decomisos. Le comentamos esta situación a la licenciada (González Salas) y su única respuesta es ‘denuncien’”, dijo Araceli Gutiérrez, presidenta de Unama.