El PRD en la Cámara de Diputados afirmó que el gobierno federal está obligado a aclarar su relación con el Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, “quien ha sido beneficiado con decenas de contratos multimillonarios de obra pública y al que se le vincula con diversos casos en los que se presumen conflictos de intereses, como la adquisición de la casa blanca y la licitación del tren México-Querétaro”.

El coordinador del grupo, Miguel Alonso Raya, dijo que uno de los ejes a investigar es el crédito que Higa otorgó al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para comprar su residencia en el Club de Golf Malinalco.

Alonso Raya resaltó que el caso de Videgaray puede contribuir a destrabar el sistema nacional anticorrupción, porque constituye un ejemplo de que sí se requiere un mecanismo para investigar irregularidades en el ejercicio del poder.

Lo que más ayuda es la voluntad política para investigar a fondo los contratos que ha tenido el gobierno con el Grupo Higa, aclarar la relación y, sobre todo, la disposición para crear un sistema de combate a la corrupción verdaderamente autónomo y eficaz, que despeje todas las sospechas y evite que este tipo de cosas se repitan, declaró.

Para acotar la corrupción en México, dijo, no es suficiente con una lista de 10 propuestas, además de que se agotó el tiempo en el Congreso para debatirlas, debido a que hoy concluye el periodo ordinario de sesiones y no hay acuerdo para convocar a un extraordinario de inmediato.

“El decálogo es insuficiente y en algunos casos francamente busca reformar leyes para simular, como el órgano anticorrupción que se plantea. Si aceptamos que lo presida el Ejecutivo federal, a nadie le dará seriedad y certeza y sería una burla para  los propios legisladores aprobar algo así”, expuso.

Consideró que todavía se requiere una revisión profunda de la iniciativa del mando único y, sobre todo, la de disolución de los ayuntamientos cuando se considere su infiltración por la delincuencia organizada.

No se aborda con claridad el papel que deben tener los gobernadores con las autoridades municipales, respecto de la infiltración del crimen organizado. Las autoridades estatales generalmente están enteradas, saben, se les explica, pero no intervienen y, en este escenario, se vuelven cómplices, afirmó.