Los coordinadores de las bancadas en las cámaras de Diputados y de Senadores se reunirán hoy para preparar un calendario de revisión, debate y posible aprobación de las iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto presentará en materia de seguridad. Además, para decidir si éstas pueden avalarse en lo que queda del periodo ordinario o convocan a uno extraordinario en enero.

Mientras, los coordinadores de PRI y PRD, Manlio Fabio Beltrones y Miguel Alonso Raya, respectivamente, contrastaron posiciones sobre el desahogo de esa nueva agenda.

Beltrones sostuvo que para el tricolor las propuestas de Peña Nieto son prioridad y deben discutirse de manera paralela a los temas pendientes; en tanto, Alonso Raya consideró que deben aprobarse primero las iniciativas pendientes del sistema nacional anticorrupción, de propaganda gubernamental y la de la unidad de cuenta del Estado.

Alonso Raya expuso que los diputados deben tomarse el tiempo necesario para analizar las iniciativas en comisiones y aprobar un calendario para su discusión y posterior dictamen. Ello, dijo, con el fin de construir las condiciones propicias para su eventual aprobación en el pleno.

Todo eso implica cuidar el proceso y los tiempos para que los dictámenes no se elaboren a la carrera o se redacten mal. Ni el Congreso ni las condiciones del país están para eso; hay que discutir con responsabilidad, agregó.

Afirmó que el PRD sólo participará en la discusión si se integra una comisión de la verdad, que investigue la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y se aprueba la comisión especial que indagaría los contratos de obra pública del gobierno federal.

Aseveró que las propuestas presidenciales deben revisarlas, además de los legisladores, académicos de distintas instituciones de educación superior que elaboren un programa para el rediseño de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Porque si no se toca a los jueces corruptos, si el Ejército y la Marina no regresan a sus cuarteles y se opta por implementar acciones a medias en materia de seguridad y justicia, difícilmente prosperará en la realidad el anuncio del Ejecutivo federal, resaltó.

Beltrones planteó que los legisladores avanzarán en el sistema nacional de combate a la corrupción, en los instrumentos para la rendición de cuentas y la ley de obras públicas.

Abundó que el proyecto presidencial reconoce que el camino de la justicia rebasa el ámbito legal y requiere un plan integral que reduzca la pobreza y la desigualdad en los tres estados del sur del país con mayores necesidades sociales; es una solución de fondo que fortalece la cohesión social, necesaria para atacar el fenómeno de la violencia y la criminalidad.