l pasado jueves 30 de octubre acudí a visitar al defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, injustamente preso en una cárcel del estado de Puebla. En esa ocasión constaté y confirmé muchas de las dificultades que las personas dedicadas a la defensa de los derechos de comunidades y pueblos enfrentan, precisamente por realizar esa humanitaria labor. No sobra decir que la reclusión cada vez más se convierte en una continua tortura para quienes allí están y para quienes acuden como visitantes. Con sólo entrar al inmueble, se puede apreciar inmediatamente el ambiente hostil, frío e inhumano que padecen las personas privadas de su libertad.

Juan Carlos es uno de los que se oponen a la implementación del Proyecto Integral Morelos. Trabaja muy de cerca con las comunidades que se verán afectadas por la construcción de un gasoducto en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, brindándoles asesoría y acompañamiento. Su labor es sobre todo reconocida entre los pueblos de Puebla. El Estado con alevosía le ha impedido continuar ese trabajo de defensa y promoción de los derechos medioambientales, ya que desde el pasado 7 de abril fue arrestado y encarcelado en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. La detención se realizó con base en acusaciones por supuestos delitos de motín, despojo, extorsión y ataque a la obra hidráulica. Se le sumaron además dos órdenes de aprensión por delitos de oposición a obra, privación ilegal de la libertad y robo agravado en pandilla. A decir de su abogado, y conforme a las pruebas presentadas, Juan Carlos jamás estuvo en el lugar de los hechos que describen las autoridades para inculparlo. Incluso muchos de los supuestos delitos que se la han imputado se desvanecieron en el proceso penal, porque efectivamente se demostró que fueron mañosamente fabricados.

Mientras charlábamos, Juan Carlos compartió cómo es que los gobiernos federal y estatal hicieron de él un botín con la intención de inhibir el proceso organizativo de las comunidades frente al despojo de sus territorios y la construcción del megaproyecto. Sabemos de primera mano que el proceso de Juan Carlos es obstaculizado en razón de una criminalización y reprobación de su labor como defensor de derechos humanos.

Su caso, como el de muchas otras personas defensoras, se inscribe en la lógica del Estado de favorecer los intereses mezquinos de empresas trasnacionales por encima de la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos. La fórmula la vemos aplicada recurrentemente, y así lo describí en este mismo espacio cuando me ocupé de la situación de la defensora Bettina Cruz ( La Jornada, 11/10/14).

El modo de actuar consiste en imponer un megaproyecto; los gobiernos violan el derecho a la consulta previa, libre e informada, y buscan entonces por el contrario cooptar con dinero, amenazas o intimidaciones que las comunidades lo consientan a gran escala. Cuando las personas y comunidades resisten, enseguida se les reprime, y a sus defensores o líderes comunitarios posteriormente se les imputan falsamente delitos. La comunidad se vuelca entonces a la liberación de las personas presas, y es así como la estructura estatal poco a poco impone el caos y el cansancio entre ellas, pues casi todas las personas ven que su trabajo se duplica. Las que son encerradas en cárceles son objeto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los malos gobiernos pretenden que mediante ese castigo aleccionador olviden oponerse al progreso y al desarrollo. Esta fórmula ahora la aplican contra Juan Carlos Flores. No sobra decir que incluso con el sistema gubernamental en su contra, ha ganado amparos que lo benefician en su liberación incondicional, gracias también al acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Sin embargo se impone el interés económico de las empresas y el político de los tres niveles de gobierno. ¿Por qué teniendo el proceso penal a favor de su liberación el gobierno se niega a liberarlo inmediatamente? Corresponde tanto al gobierno local como al federal garantizar y proteger los derechos de las personas defensoras. Tienen sin duda corresponsabilidad en cuanto a que a Juan Carlos no se le impida el ejercicio de su legítimo derecho a la organización, al disenso y a la participación en la transformación de una realidad como la que enfrentan los pueblos opositores al gasoducto.

Las autoridades deben en todo momento abstenerse de criminalizar y usar el derecho penal para impedirle su trabajo. Juan Carlos es un defensor de derechos humanos, y sensible a las causas de las y los más pobres de este país. Él es consciente de que los procesos organizativos hunden su raíz en la premisa que alude a que las mayorías empobrecidas hoy no constituyen en realidad ser sujetos de los derechos humanos, mientras que las grandes empresas se ven beneficiadas con la falsa propuesta de que, en función de la privatización y el despojo, podrán verse garantizados los derechos humanos. ¡Vaya paradoja! Hoy el sentido y fundamento de la defensa de los derechos se encarna en defensores como Juan Carlos y en muchas más defensoras y defensores de derechos humanos que le dan rumbo y sentido al trabajo por la dignidad del ser humano, mientras el Estado pretende usar los derechos humanos para escabullirse de sus responsabilidades. Afortunadamente los pueblos le recuerdan sus obligaciones de protegerlos y atender eficientemente sus demandas. Ellos jamás permitirán que les sean arrebatados sus territorios, que por derecho les corresponden. Si los gobiernos federal y de Puebla tienen voluntad de no violar derechos humanos, entonces deben atender ampliamente las exigencias de las comunidades opositoras al proyecto integral Morelos, y no dilatar más la liberación de Juan Carlos Flores Solís. De lo contrario renuncian a configurarse como un Estado garante de la dignidad y derechos de las personas que habitan o transitan por su jurisdicción.