42 días de ocurrido el asesinato de tres estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y el secuestro de otros 43, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó, en una conferencia de prensa, el relato de una operación de extermino perpetrada en las mismas fechas –26 y 27 de septiembre–, no como conclusión de la pesquisa correspondiente sino como un avance de ella, ya que la dependencia a su cargo no ha podido obtener la certeza científica de que los asesinados sean los estudiantes capturados esa noche en Iguala.

Las declaraciones del funcionario suscitaron el inmediato rechazo de los familiares de los 43 desaparecidos, quienes lo acusaron de querer dar carpetazo a la investigación, no aportar pruebas irrefutables, no recurrir a instrumentos tecnológicos adecuados, no haber acordado aún la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la pesquisa y no haber esperado los resultados, aún pendientes, encargados al equipo de forenses argentinos que colaboran en la investigación y en quienes los familiares han depositado su confianza. Asimismo, criticaron la forma en que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ido presentando tramos de investigación y las múltiples filtraciones y versiones sin confirmar que han circulado, las cuales, dijeron, son una forma descarada de torturar a los padres de familia. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) objetó la investigación oficial por limitada e incompleta y señaló que el gobierno ha sido incapaz, hasta ahora, de admitir que la barbarie de Iguala fue un crimen de Estado. La desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores (...) en Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia, acusó Erika Guevara Rosas, directora regional del organismo humanitario.

No son el descontrol delictivo, la inseguridad y la corrupción los únicos elementos que confluyen en los hechos de Iguala. Antes de ellos se encuentra un modelo económico que ha devaluado a la población del país, ha marginado y menospreciado sistemáticamente al campo y a la educación pública y que, en consecuencia, ha visto a las normales rurales como un obstáculo a la plena implantación del modelo neoliberal en el país y a los normalistas como elementos antisociales. Durante muchos años, el discurso oficial y los medios afines al régimen han satanizado en forma sistemática a las normales rurales y las han presentado como escuelas de guerrilleros y refugios de malvivientes. Ello, sumado a la virtual concesión a la delincuencia de regiones enteras por parte de autoridades municipales, estatales y federales, ha creado el entorno en el que ocurrió la barbarie.

La responsabilidad a la que se refiere AI tiene un componente adicional: desde hace muchos meses, tanto el gobierno de Guerrero como la Secretaría de Gobernación federal y la propia PGR tuvieron conocimiento de la conducta criminal del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y no hicieron nada. También la cúpula de Nueva Izquierda, la corriente que controla el Partido de la Revolución Democrática, al que pertenecía Abarca, tuvo la información correspondiente y optó por callar.

La noche de la agresión, tanto los mandos estatales de Chilpancingo como los federales fueron informados de lo que ocurría y no intervinieron para impedirlo o atenuarlo. Ya cometidas las atrocidades, el Ejecutivo estatal emprendió acciones erráticas y absurdas para localizar a los desaparecidos, en tanto que el Ejecutivo federal dejó pasar más de una semana antes de rendirse a la evidencia de que estaba en la obligación de intervenir. Y en el mes transcurrido desde que intervino, con más de 70 detenidos y después de espectaculares despliegues de búsqueda, no ha sido capaz de explicar cabalmente ni de manera irrefutable por qué fueron asesinados tres estudiantes ni por qué se encuentran desaparecidos otros 43 y cuál es su paradero.

En suma, lo que Murillo Karam presentó como una investigación bastante exitosa en un plazo razonable resulta, a ojos de la opinión pública nacional e internacional, una prueba de extremada ineficiencia y de exasperante insensibilidad. El procurador afirmó que Iguala no es el Estado, pero lo ocurrido en esa localidad guerrerense y sus secuelas muestran de manera inequívoca que el Estado falló, que sigue fallando y que no hay a la vista propósito de enmienda.