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Imputada por delitos fiscales, hermana del rey de España
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de noviembre de 2014, p. 25

Madrid.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca emitió este viernes una resolución en la que confirmó la imputación por dos delitos fiscales contra la infanta Cristina, la hija menor de los ex monarcas españoles Juan Carlos y Sofía, y hermana del rey Felipe VI, al tiempo que la exoneró del cargo de blanqueo de capitales.

La acusada es la primera descendiente de una monarquía europea señalada por delitos de gravedad y de estar vinculada con un escándalo de corrupción político-empresarial en la que su marido, Iñaki Urdangarin, es el principal inculpado.

Según el auto de la Audiencia Provincial, la ex infanta Cristina fue copartícipe en al menos dos delitos fiscales cometidos por su marido, en una trama en la que ambos y la empresa familiar, Aizoon, no sólo estafaron al fisco, sino también desviaron presuntamente dinero destinado a causas humanitarias a paraísos fiscales.

Colaboró activamente

Cristina, de 49 años, fue cusada por el juez José Castro, quien consideró que la ex infanta colaboró activamente con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una empresa pantalla, Aizoon, propiedad de los dos esposos al 50 por ciento y subcontratada por Noos.

El escándalo, que estalló a finales de 2011 en una España duramente golpeada por la crisis mientras miles de personas perdían sus empleos y hogares, sacudió a la monarquía, contribuyendo a la abdicación, en junio, del rey Juan Carlos I.

El caso en que está involucrada forma parte de una compleja investigación que destapó una operación criminal en la que participaron dirigentes políticos y funcionarios públicos de varias regiones, pero sobre todo de Madrid, Valencia e islas Baleares, de donde obtuvieron sus contratos y dinero público Urdangarin y su socio, Diego Torres, para la empresa –Aizoon– que ambos fundaron.

José Castro sospecha que sólo de la parte en que están involucrados Urdangarin y Torres, el desvío puede ser de más de 9 millones de euros.

El abogado de la infanta, Jaume Riutord, afirmó que es una buena noticia que se haya archivado la denuncia por blanqueo de capitales, obviamente el delito más grave, pero sí ha sido una sorpresa mantener la imputación por delito contra la hacienda pública, y manifestó que espera que su representada pueda ser exenta de declarar ante un juez.