uince horas después del momento en que según el reporte oficial fue detenido el matrimonio Abarca Pineda en Iztapalapa, la Procuraduría General de la República no atinaba a dar ante periodistas un solo indicio real de avance en las investigaciones sobre el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la víspera de una jornada más –nacional e internacional– de denuncia y acción globales respecto de los hechos de Iguala.

En unos cuantos minutos, el fabulador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el comisionado nacional de inseguridad, Monte Alejandro Rubido, despacharon la lectura de comunicados de prensa y obsequiaron por gusto algunos comentarios extras respecto de la aprehensión del ex presidente igualteco y su guerrera esposa, dejando a los periodistas convocados a una presunta conferencia de prensa en calidad de instrumental técnico para la reproducción robótica del material que el gobierno federal decidió difundir.

La narrativa del caso incluyó una nueva pieza de suspenso, Noemí Berumen Rodríguez, quien habría ayudado a los Abarca en algunos tramos de su huida y a quien se encarceló por encubrimiento. El procurador Murillo explicó que, ya estando bajo vigilancia la mencionada Noemí (con los sabuesos oficiales husmeando en Monterrey y en Iztapalapa), resultó sospechoso que visitara una casa que estaba deshabitada, donde finalmente fueron encontrados los Abarca (‘‘y así”, como dicen algunos jóvenes en una moderna habla recortada que prefiere ahorrar detalles de lo que puede entenderse conforme al contexto y si no se entiende, pues igual).

No correspondió esa parquedad informativa de Murillo y Rubido con la expectación que causó el hallazgo de los esposos mencionados en un domicilio de la capital del país. Tan ‘‘importante’’ sería esa captura que diversos políticos, comenzando por el actual ocupante de Los Pinos, la elevaron a nichos de tal presunto éxito que pareciera que con ella la administración federal ya podría considerar cumplida una gran cuota de su responsabilidad indagatoria y justiciera. ‘‘Un gran avance’’, repetían algunos comentaristas, políticos y periodistas, aunque lo sustancial permanecía intocado. Es decir, la suerte real de los 43 desaparecidos.

La ostentosa retención informativa practicada ayer por la PGR corresponde a la política oficial de dosificación que ha mantenido el gobierno de Peña Nieto durante las semanas de la máxima crisis que ha vivido. En una apuesta al paso del tiempo y sus presuntas virtudes curativas, el peñismo ha ido prolongando en cuanto le es posible la difusión de un desenlace que es imposible no conozca a estas alturas, luego de tantos días de los hechos y luego de detenciones y confesiones de policías, narcotraficantes y funcionarios involucrados.

La falta de información precisa y la negativa a responder preguntas de periodistas aviva los temores de que, como en otros casos relevantes en la historia de los poderes priístas, las tardanzas correspondan a procesos de ajuste en la presentación de declaraciones a modo, siempre con el ingrediente político-electoral como rectoría (esa memorización de libretos a gusto del captor habría hecho que no se hubiera presentado al par de detenidos antes, según versiones publicadas en el sentido de que la fecha de apresamiento habría sido días, semanas atrás y en un lugar que no habría sido Iztapalapa).

La puesta en escena de los Abarca ha sido etiquetada de inmediato por ciertos medios y declarantes como una historia de horror, corrupción y crímenes en el mero ámbito local, si acaso en el regional, dejando fuera de cuadro lo federal. De origen se quiso condenar los hechos de Iguala a ese plano meramente municipal, a tal grado que, en uno de sus peores errores políticos, el ocupante actual de Los Pinos tardó más de diez días en abordar así fuera declarativamente el tema ‘‘remoto’’, escalando el grado de responsabilidades al nivel estatal, tratando de dejar las culpas en la espalda aparentemente muy adecuada para esos menesteres del amigo y casi compadre Ángel Aguirre Rivero, quien salió más rejego de lo previsto.

En todo caso, la multicitada detención trata de redireccionar mediáticamente el foco del interés público hacia las historias igualtecas justamente en momentos en que crece la denuncia de las responsabilidades que Los Pinos pretende eludir respecto a la inacción o complicidad de las fuerzas gubernamentales (Ejército, Policía Federal, Secretaría de Gobernación, Cisen) que presenciaron y permitieron las agresiones de policías locales y grupos del crimen organizado contra normalistas rurales (siempre vigilados por las instancias federales, rigurosamente, en todo desplazamiento) durante horas, en hechos públicos y escandalosos que no movieron a autoridad federal alguna a impedirlos y de los cuales los máximos burócratas nacionales aceptaron irse enterando hasta días después.

No es solamente Iguala ni son solamente los Abarca. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene responsabilidades claras en ese proceso criminal sucedido en Iguala. Entre otras, el no haber actuado con rapidez y precisión frente a esas desapariciones forzosas que pronto podrían ser radicadas en tribunales internacionales ante la magnitud de esa tragedia gubernamentalmente desatendida.

Por otra parte, ubicar al matrimonio Abarca en Iztapalapa generó una vertiente muy propicia para la especulación, pues en esa delegación capitalina confluyen intereses, personajes y recursos relacionados con la izquierda electoral que largamente ha tenido el control de esa demarcación. El actual jefe delegacional, Jesús Valencia, fue impulsado por Marcelo Ebrard, pero ya se separó de él para integrarse a otra corriente perredista. En esa demarcación se concentra casi 20 por ciento del padrón electoral del DF y allí se librará una fuerte confrontación entre Morena, con Clara Brugada al frente, y el PRD, que podría presentar a Dione Anguiano o a Aleida Alavez, con el ahora priísta René Arce buscando abrir cauce a alianzas PRI-Panal-Verde en la capital del país. ¡Hasta mañana!

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