El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propuso crear un órgano especializado de combate a la corrupción con la suficiente independencia para desempeñar libremente sus funciones y personal especializado que supervise y coordine las políticas en esa materia.

El diputado Vidal Llerenas Morales explicó, al presentar ante el pleno la iniciativa, que dicho organismo funcionaría como un ombudsman, recibiendo quejas de ciudadanos o iniciando investigaciones de oficio y presentando las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General capitalinas.

Podría emitir recomendaciones a los entes de la administración pública cuando se detecten riesgos que estén propiciando corrupción, así como proponer a la ALDF iniciativas de reforma en la materia.

En la exposición de motivos de la iniciativa que crea la ley del órgano anticorrupción del Distrito Federal, se advierte que si bien la ciudad cuenta con una legislación de vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información, en este otro tema su evolución ha sido nula. La más reciente reforma a la Ley de fiscalización local únicamente gira en torno a la regulación de la fiscalización, organización y atribuciones de la Auditoría Superior de la ciudad de México, pero no contribuye con nuevos esquemas que permitan un combate real contra los actos de corrupción.

Refirió que aun cuando México es el país peor calificado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –según el índice de Transparencia Internacional sólo ocho países de América Latina nos superan entre los más corruptos– y de que el tema está en el interés de la opinión pública, quedó en el olvido dentro de las discusiones de las reformas estructurales que dieron los partidos políticos.

Con la creación de esta instancia, sostuvo Llerenas, a partir de la experiencia y recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la ciudad de México podría sentar el precedente que puede servir como elemento de transición a cambios constitucionales y leyes generales que normarán los mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país.

El órgano anticorrupción del Distrito Federal, explicó, sería una instancia colegiada, integrada por cinco comisionados, uno con funciones de presidente, quienes permanecerían siete años en el cargo. El proceso de selección lo llevaría a cabo la Asamblea Legislativa y contaría con un consejo consultivo formado por siete ciudadanos que gocen de reconocido prestigio por su labor en la promoción, estudio y difusión de prácticas anticorrupción.