La comisión especial de diputados federales que investiga la agresión armada contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa concluyó que sí existió desaparición forzada de 43 alumnos, y que no se puede eludir que sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales.

En su informe preliminar, que será debatido hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, la comisión expresó su preocupación por que se pretenda ‘‘criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos’’, y resaltó que existen pruebas sobre irregularidades en la investigación del hecho.

El documento de 41 cuartillas, entregado ayer a la Junta de Coordinación Política, refiere que el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, les dijo en la reunión que sostuvieron con él en Acapulco que las normales del estado están ‘‘infiltradas de grupos delictivos’’.

La comisión constató que las policías federal y estatal vigilaron ‘‘por horas’’ a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo hacia Iguala, y que el gobierno del estado reportó a la policía municipal el traslado de los jóvenes desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre.

Diversas autoridades policiacas y militares fueron alertadas o conocieron de la balacera y la agresión, pero no intervinieron.

‘‘A las 20 horas, el personal de la policía estatal, en coordinación con elementos de la Policía Federal, arribaron al kilómetro 126+700 de la carretera Iguala-Chilpancingo para monitorear las actividades de dichos estudiantes’’, indica un reporte enviado el 28 de octubre por el gobierno del estado a la comisión legislativa e incluido en el informe preliminar.

El mismo reporte indica que a las 21:32 horas se recibieron llamadas al servicio de emergencias 066 sobre la presencia de estudiantes en la terminal de autobuses, y que ocho minutos después el coordinador operativo de la región norte de seguridad pública y protección civil fue informado de detonaciones de arma de fuego en el centro de Iguala.

El funcionario público decidió no acudir al lugar de los disparos. La comisión incluyó el parte informativo que justifica la decisión: ‘‘Al no contar con elementos de la fuerza estatal y no estar en condiciones para enfrentar esta situación, por el escaso número de personal con el que contaba, optamos (sic) por no salir y reforzar la seguridad del cuartel (regional de la policía estatal preventiva) e inmediaciones del Cereso’’.

La comisión especial señaló que las autoridades estatales sí sabían de las actividades de los estudiantes, los siguieron, y la policía del estado no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal de Iguala cometió contra los estudiantes.

‘‘Se observa que las autoridades sí tuvieron conocimiento y la policía estatal no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal cometió contra los estudiantes. De ser así, incurrieron en una grave omisión de protección a los estudiantes y de la población civil afectada por los ataques cometidos por ciertos agentes estatales, al parecer de la policía municipal, y particulares’’, expuso la comisión.

Incluso, al citar el reporte del gobierno del estado, refirió que a las 22:15 horas ‘‘la comandancia del 27 batallón de infantería del Ejército Mexicano estableció comunicación con Felipe Flores Velázquez, secretario de seguridad pública de Iguala, quien minimizó los hechos negando que personal bajo su mando haya realizado disparos durante la persecución que escenificaron con los estudiantes’’.

El gobierno de Guerrero argumentó que conoció de la agresión a los normalistas a las 23 horas, cuando ‘‘el médico de guardia del hospital general de Iguala dio parte al agente del Ministerio Público del fuero común’’ del ingreso de tres personas con heridas de arma de fuego.

Los diputados confirmaron en su documento que la administración de Aguirre sostuvo que si no intervino fue porque el alcalde José Luis Abarca ‘‘no contestaba el teléfono’’. Expusieron que, ‘‘antes de criminalizar a los normalistas, es imprescindible nombrar los hechos con el calificativo que merecen’’.