Ante la coyuntura que enfrenta el país por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que en breve convocará a la representación del Estado mexicano, las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad para asumir el compromiso de ‘‘emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la plena vigencia del estado de derecho’’.

Durante la publicación de los 24 reglamentos y ordenamientos relacionados con la reforma energética, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario hizo una pausa al final de su discurso para reconocer la importancia de los pronunciamientos que en días pasados han realizado diversos partidos y organizaciones civiles en relación con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

El Presidente reconoció la necesidad que tiene México de que la sociedad y los poderes del Estado unan esfuerzos en favor de la vigencia del estado derecho, el combate a la corrupción y para poner fin a la impunidad, en lo que se perfila como un nuevo acuerdo en el país.

Peña Nieto agregó: ‘‘Independientemente del curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como éstos no se vuelvan a repetir’’. En principio, el nuevo acuerdo podría ser firmado esta semana, antes del viaje presidencial a China y Australia.

El anuncio se dio a menos de una semana de un prolongado encuentro en Los Pinos con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, reunión en la que los familiares de las víctimas expresaron su desilusión por lo que consideraron una insuficiente respuesta gubernamental a pesar de haber firmado un documento de compromisos.

Asimismo, la convocatoria se da en vísperas de una segunda manifestación convocada por diversos centros de educación superior a una marcha que partirá de Los Pinos al Zócalo. En su primer despliegue, la comunidad universitaria desbordó las calles céntricas de la ciudad de México y provocó que pocas horas después de su realización Ángel Aguirre Rivero presentara licencia al cargo de gobernador, al tiempo que la dirigencia del PRD modificó su postura de respaldo al mandatario estatal.

Días después, una vez que el Congreso del estado concretó la designación del gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, éste fue recibido en la residencia presidencial, donde Peña Nieto le expresó todo el respaldo del gobierno federal para enfrentar una coyuntura ‘‘difícil y compleja’’, según se dijo en los mensajes tras el encuentro.

En esa ocasión Peña Nieto ofreció un paquete de acciones dirigidas a la entidad que incluía el respaldo pleno del gabinete de seguridad al Ejecutivo local para enfrentar la coyuntura, y el reforzamiento de las inversiones federales en Guerrero destinadas a ampliar los alcances de los programas sociales e incrementar los recursos destinados a construir mayor infraestructura.

De su lado, la Procuraduría General de la República anunciaba nuevos ‘‘avances’’ en las investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las acciones del gobierno federal ha inhibido las críticas y las movilizaciones que desde diversos sectores sociales y políticos han demandado la presentación con vida de los jóvenes normalistas.

Así, ahora se anuncia un acuerdo nacional para enfrentar la coyuntura que ha tenido también repercursiones a nivel internacional y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.