impio el camino (por cortesía de la Suprema Corte) de cualquier molesta piedrita popular, Enrique Peña Nieto expidió ayer los llamados reglamentos de la reforma energética, con el fin de ofrecer certidumbre jurídica y plena confianza a todos los inversionistas que decidan participar en el sector energético del país.

Se trata, dijo, de un andamiaje legal e institucional de vanguardia que le permitirá (al país) iniciar una nueva era de desarrollo energético y crecimiento económico. Y en el coro los secretarios de Energía (los inversionistas tendrán certeza de que se puede trabajar en México con reglas claras, transparentes y estables) y de Hacienda (el nuevo modelo contractual mexicano debe ser estable, de tal manera que los inversionistas, los participantes del mercado, conozcan y sepan qué esperar en las rondas sucesivas de aplicación de la reforma energética, a la que calificó de la transformación económica más profunda de los últimos años en nuestro país).

Lo extraño fue que los tres oradores consumieron apenas unos minutos (a ellos que les encanta el micrófono) para leer sus respectivos discursos, aunque el mensaje fue más claro que agua: traigan sus dineros que aquí no sólo los cuidamos, sino que los incrementamos sustancialmente. Para los inversionistas certidumbre jurídica, plena confianza, certeza, reglas claras y estabilidad a manos llenas.

Bien, pero ¿quién les da certeza, certidumbre y confianza a los mexicanos?, porque México acumula tres décadas de reformas, siete gobiernos reformistas y millones de promesas primermundistas, y la situación real es cada vez más desoladora.

Entre los promotores, aplaudidores, aprobadores y abajo firmantes de la reforma energética se cuentan muchos de quienes a lo largo de las últimas tres décadas modernizaron banca, aerolíneas, siderúrgicas, telecomunicaciones, carreteras, minería y un sinfín de etcéteras, siempre con la promesa de que se trataba de las transformaciones económicas más profundas de los últimos años en nuestro país, para terminar dentro de un agujero del que nadie atina cómo salir.

Con la reforma energética prometen lo mismo que todas las anteriores, cuando es obvio que se trata de un gran negocio cupular, por mucho que el modesto secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, asegure que se trata de una proeza colectiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto que sus reglamentos son fruto de un diálogo intenso de los sectores productivos y académico del país.

Y bueno, sí, fue una proeza, pero de las cúpulas autóctonas y del capital trasnacional que tardaron tres largas décadas y siete impresentables gobiernos en alcanzar el objetivo: privatizar el sector energético nacional, con la graciosa cereza que les regaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si en realidad lo que asegura el titular de Energía fuera una proeza colectiva, la citada reforma simple y sencillamente no habría sido aprobada, porque la mayoría de los mexicanos se pronunció abiertamente en contra de ella, y más de 60 por ciento se manifestó a favor de una consulta popular sobre el particular. Y tales proporciones no surgen de un espontáneo indignado, sino de las propias casas encuestadores que de años atrás los cupulares las dan por buenas y las utilizan para legitimarse.

En su proeza colectiva, los que hoy celebran y comprometen certidumbre jurídica, plena confianza, certeza, reglas claras y estabilidad a manos llenas nunca pidieron la opinión de quienes, en primerísima instancia, debían consultar. Hicieron los amarres allá arriba, armaron el traje a la medida y listo: reforma cocinada. Y cuando los inconsultos exigieron participar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio un portazo en la cara, porque no tenían derecho, según dijeron, a participar en la proeza.

Cuando, en su más reciente trabajo, las encuestadoras preguntaron a los mexicanos si estarían de acuerdo en mantener la reforma energética en los términos aprobados por el Legislativo, la respuesta positiva fue de apenas 27 por ciento, y la misma proporción en el caso de concesiones y/o contratos al capital nacional o foráneo en materia petrolera y eléctrica.

Por otro lado, cuando se les preguntó sobre si era importante consultar a la ciudadanía sobre la permanencia o no de tal reforma, la respuesta favorable fue de 60 por ciento. Seis de cada diez exigió que los tomaran en cuenta, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación los mandó a paseo, porque no tienen derecho a opinar en esas cuestiones, que para eso están los de arriba. He allí el balance de tan singular proeza colectiva.

Y si de hazañas se trata, el precio del petróleo mexicano de exportación se mantiene a la baja. Ayer cerró la jornada en 75.65 dólares por barril, uno menos que el pasado viernes, de tal suerte que cada día que pasa se aleja más del reciente promedio (recortado) aprobado por el Congreso.

En este contexto, Consultores Internacionales advierte sobre la alta dependencia de las finanzas públicas del ingreso petrolero, y por supuesto de los vaivenes del precio internacional. La dupla Ejecutivo-Legislativo, contra toda tradición redujo el precio del barril de 81 dólares que estipulaba la iniciativa (original) a 79, ello considerando el periodo de caída generalizada en los precios internacionales que se registra.

Aun así, lo más delicado, señala la empresa de consultoría, es el planteamiento de compensación de la relativa reducción en los ingresos petroleros por un menor precio del barril, para lo cual modificaron el tipo de cambio de referencia de 13 pesos por dólar que contemplaba el proyecto original a 13.40. Todo pintaría muy bien, si meterse en el terreno de establecer una paridad cambiaria no tuviera consecuencias severas, porque la deuda externa pública y privada del país equivale a cerca de 260 mil millones de dólares, y si para las empresas mexicanas altamente endeudadas significa ya un lastre, mucho más lo haría con el dólar caro.

Las rebanadas del pastel

En 1997 el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, presumía que la reforma privatizadora del sistema de pensiones por él promovida garantiza plenamente pensiones dignas y cumple plenamente con los propósitos redistributivos de la seguridad social. Casi 20 años después, 65 de cada 100 trabajadores están fuera del régimen pensionario (La Jornada, Patricia Muñoz). Sin duda, otra proeza colectiva.

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