l Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentra ante una encrucijada histórica ineludible: mantenimiento a largo plazo de un sistema que designa director general sin votación libre, universal y secreta, o tránsito hacia la autonomía democrática. Es insostenible que los mexicanos tengamos derecho a elegir presidente de la República, pero los politécnicos no para elegir director general.
Sin duda, existen fuerzas políticas dentro del IPN interesadas en generar un escenario basado en lo que Wallerstein llama principio de Lampedusa: simular que todo cambia para que todo siga igual. Peor aún, el riesgo de un director general que dé juego a las organizaciones históricas porriles está en curso. De darse, se produciría una auténtica regresión histórica. El IPN debe ser llevado a convertirse en una institución del siglo XXI. Siendo una de nuestras instituciones educativas más importantes, podría transitar al reconocimiento de su mayoría de edad.
Para explorar que la oportunidad histórica actualmente abierta consiga concretarse, el IPN enfrenta el desafío de edificar un proyecto propio de autonomía. Que contribuya a desarrollar la autonomía en la historia del sistema educativo mexicano. Entre las respuestas para oponerse a la autonomía politécnica se encuentra que ni las universidades de Europa ni las de Estados Unidos cuentan con autonomía. Para anhelar y vislumbrar la viabilidad de la autonomía democrática no hay que mirar hacia el norte, sino hacia el sur. Hay que mirar el futuro, pero desde dentro del pasado y el presente de América Latina.
Si se lanza una mirada de ese orden, emerge que en la historia de América Latina la autonomía democrática para las instituciones educativas no es un anhelo; ya existe, con una trayectoria nada corta, que cuenta con vigorosos alcances. Ese pequeño rincón del mundo, Bolivia, arroja lecciones memorables. Desde hace 33 años, sus 11 universidades públicas –con la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Gabriel René Moreno al frente– ejercen el derecho de votación libre, universal y secreta de su comunidad estudiantil y docente no sólo para elegir rector, sino vicerrector. Más aún, con base en votaciones democráticas se designan directores académicos de las facultades y directores de carreras –una facultad puede incluir diversas licenciaturas–.
Sumamente importante: todas las universidades públicas de Bolivia cuentan con consejos paritarios en todos sus niveles. Dando lecciones avanzadas de democracia, el consejo universitario es paritario. Lo conforman un número de profesores igual al número de facultades, más dos estudiantes de cada una de ellas, Decanos, un representante de la Federación Universitaria Docente, dos de la Federación Universitaria Local, más el rector y el vicerrector. Plataforma esencial de su autonomía democrática: cada facultad y carrera tiene consejos paritarios, están integrados por 50 por ciento profesores y 50 por ciento alumnos. Los directores de carrera y académico, y hasta el decano, miembros de estos órganos de gobierno, se nombran mediante votaciones. Muy destacado: los funcionarios no forman parte de estos consejos paritarios.
Sobre la base de su autonomía política, la Constitución otorga amplios poderes de autonomía administrativa a las universidades públicas bolivianas: el consejo universitario, el consejo facultativo (es decir de cada facultad) y el consejo de carrera aprueban el plan operativo anual y el presupuesto correspondiente. A través de los consejos paritarios, la comunidad estudiantil y docente interviene, con todo derecho legalmente reconocido, de modo directo y eficaz, en el diseño de proyectos de canalización del presupuesto federal que se les asigna y de política de contratación de profesores. Velan por su ejecución práctica.
Por si fuera poco: en Bolivia existe el impuesto directo a hidrocarburos. Los combustibles fósiles reciben un impuesto de 5 por ciento que, sin mediación de aprobación alguna, se asigna directamente al desarrollo del sistema educativo público nacional.
No es desde el triunfo de Evo Morales: es de mucho atrás que el movimiento estudiantil alcanzó las victorias para edificar la autonomía democrática en las universidades públicas. La alcanzaron desde 1930. Tuvieron dos interrupciones, 1972-78 y 1980-81. La autonomía democrática de las universidades públicas esta formalizada en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, pero en la anterior Constitución también estaba reconocida.
Bolivia importa como constatación de que la autonomía democrática es viable y posible. De que el nombramiento legal de directivos dota de estabilidad y equilibrios de largo plazo a una institución que se basa en la legitimidad democrática. El IPN debe producir su proyecto de autonomía. Mirar con perspectiva el IPN del siglo XXI permitiría reconocer que la autonomía democrática llevaría esta institución a dar un gran paso adelante en la historia de México.
*Profesora ESE-IPN
**Profesor ESCA UT-IPN
