Los niños y adolescentes que han cometido delitos graves siguen su camino en la cuerda floja, sin arnés y sin red. En el momento de mayor vulnerabilidad, no son el Estado o la familia quienes atienden a los menores, sino los criminales.

En el ambiente hay grupos de la delincuencia organizada que los están captando y el gobierno no ha atinado a impulsar medidas para evitar ese contacto. Los criminales, en efecto, dan respuesta a algunas de las necesidades de los muchachos, advierte Elena Azaola, especialista en violencia, criminalidad e instituciones carcelarias.

Los jóvenes en conflicto con la ley están inmersos en un círculo vicioso: la estructura de prevención y de readaptación social es frágil e igualmente violenta, y los chicos pueden salir peor de como entraron, aun cuando su intención sea cambiar.

Así lo documenta ampliamente el estudio Adolescentes en conflicto con la ley, elaborado por la doctora Azaola y un equipo de profesionales. La investigación de campo fue solicitada por la Secretaría de Gobernación (SG). Durante el año pasado se efectuaron cerca de 300 entrevistas directamente con los jóvenes procesados y/o sentenciados en centros, ubicados en cuatro entidades, que antiguamente se conocían como tutelares o correccionales de menores.

Los resultados muestran la debilidad y mínima o nula eficacia de estos lugares; el resultado es que ni dentro ni fuera los jóvenes tienen un soporte o una tabla de salvación; pese a ello, 68 por ciento afirman que mantiene sus sueños de salir del atolladero.

Sin embargo, los planes y la estructura del Estado parecen no tomar en cuenta a quienes todavía tienen esperanzas de cambio y menos para atender de manera urgente a ese 28 por ciento restante, que durante las entrevistas manifestaron no tener sueños o aspiraciones, no confiar en nadie y no querer pensar en cuál será su futuro.

Secuelas de la guerra

El análisis muestra nuevos disparadores. Hay adolescentes que perdieron a su madre, a su hermano o a otro familiar querido en la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Hay chicos huérfanos que textualmente dicen: ‘A mí me mataron a mi mamá y desde entonces me metí a las drogas y me valió madres la vida… y si me piden que mate a alguien por dinero, pues lo mato’”, refiere Azaola, quien ha publicado más de 150 trabajos del tema en México y en el extranjero.

La especialista es enfática en señalar que no se trata de justificar los delitos, sino de entender lo que hay detrás, en un contexto de descomposición social, donde las bandas del crimen organizado están captando a esta población.

“Se dice que Joaquín El Chapo Guzmán tenía un grupo específico de huérfanos. O sea, él sabía que esos muchachos le iban a responder al llamado porque estaban lastimados, desprotegidos, y a nadie le importaban”.

Pese al tamaño y severidad del problema, opina, no se puede hablar de una generación perdida, porque los jóvenes recluidos siguen representando un pequeño porcentaje respecto al total de ese sector poblacional.

Satanización

La investigadora (del Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social) rechaza también la estigmatización hacia los jóvenes en conflicto con la ley.

Así ocurrió en 2010 con Édgar Jiménez Lugo, El Ponchis, a quien la prensa ubicó como el niño sicario. Satanizaron a un menor y nunca contextualizaron qué había detrás.

En cada reporte a la prensa, la SG informa de los detenidos; los sicarios o vigías siempre son muchachos o adultos jóvenes. El mes pasado, la dependencia informó de la desarticulación de una banda de secuestradores en la que había dos adolescentes, de 16 y 14 años, así como una niña de 11 años, quien por su corta edad fue llevada al DIF. Supuestamente confesaron participar como vigilantes de una menor de 13 años plagiada.

–¿Estos niños y jóvenes son víctimas?

–Pueden ser las dos cosas, víctimas y victimarios. La mayoría de los chicos que han cometido delitos graves son las dos cosas a la vez, si uno revisa las circunstancias a las que se enfrentaron. Siempre hay detrás historias de violencia, abandono, carencias de todo tipo y políticas de Estado que debieron estar allí.

El estudio documenta que las instituciones de atención a menores son la parte olvidada del sistema de justicia, pese a que la reforma penal de hace ocho años ordena que sólo pueden estar privados de su libertad los menores de entre 14 y antes de 18 años que cometan delitos graves.

Por ello, el número bajó drásticamente. En 2005 había casi 40 mil y en 2013, 5 mil (más 7 mil que no fueron encerrados por haber sido procesados por delitos graves), acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tomados en la investigación.

Las cifras actuales son muy similares. La reducción no significa una reducción en la delincuencia, sino que los jueces han incluido medidas alternativas de sanción.

En el fondo, los problemas de inseguridad no se pueden resolver porque los jóvenes salen (de los centros) y reciclan (comportamientos) y contaminan, advirtió Azaola en entrevista.