Nueva York.

Esta noche de Halloween se disfraza la democracia. En el país que afirma ser el modelo democrático para el mundo hay enormes esfuerzos para intentar frenar, intimidar y anular los votos de ciertos sectores.

Desde las elecciones nacionales de 2010 se ha multiplicado el esfuerzo del Partido Republicano para imponer obstáculos al sufragio efectivo de sectores minoritarios y jóvenes, con la justificación de que sólo son medidas para combatir el fraude.

En 2011 y 2012 por lo menos 180 nuevas restricciones al ejercicio del voto fueron promovidas en 41 de los 50 estados, y de éstas 27 medidas fueron aprobadas en 19 estados, informa la revista The Nation.

Por otro lado, un fallo de la Suprema Corte anulando algunas cláusulas de la Ley de Derechos del Voto permitió que por vez primera desde los años 60 un amplio número de estados, casi todos sureños, que tenían una historia de supresión del sufragio –o sea, una ley producto del gran movimiento de derechos civiles– ya no tenían que pedir autorización al gobierno federal para promover e implementar cambios a sus reglas sobre procesos electorales.

Con ello, los estados de Texas y Carolina del Norte de inmediato instrumentaron normas anteriormente consideradas discriminatorias. Otros, como Ohio y Wisconsin, impusieron nuevos límites sobre sus periodos para el voto. Todas esas medidas tuvieron un efecto directo sobre el sufragio de las comunidades más pobres, sobre todo las afroestadunidenses y latinas.

Los votantes en por lo menos 15 estados enfrentarán nuevas restricciones en estas elecciones intermedias, las cuales, efectivamente, anulan mecanismos para facilitar el empadronamiento, como el ejercicio del sufragio para cientos de miles de ciudadanos con derecho a éste. Ello se logra al imponer nuevos requisitos para sufragar, sobre todo documentos de identificación, que muchos no tienen, como reducir los periodos ampliados para el voto.

Según algunos cálculos, estas medidas podrían afectar hasta 10 por ciento de votantes en Wisconsin, por ejemplo. En Texas, las nuevas restricciones afectarán a más de 600 mil ciudadanos que no cuentan con las credenciales de identificación que ahora se requieren –es tres veces más probable que un afroestadunidense, a diferencia de un blanco, no tenga esa documentación en ese estado.

Pero eso no es todo. En una amplia investigación periodística de Al Jazeera America se establece que funcionarios en 27 estados lanzaron un programa que podría llegar a purgar a millones del padrón electoral –en su mayoría afroestadunidenses, latinos y asiático-americanos– y el plan ya ha logrado expulsar a decenas de miles del padrón.

La justificación para todo esto es un argumento tramposo pero efectivo. Nadie se puede oponer a medidas para prevenir el fraude y los promotores de estas restricciones al voto afirman que simplemente desean asegurar la integridad del proceso electoral.

El problema es que prácticamente no existe el tipo de fraude –donde votantes usan identidades falsas o sufragan en más de un lugar– que supuestamente se está combatiendo con estas medidas (por supuesto hay otros tipos de fraude electoral, y graves, en un país que aún no puede determinar quién ganó la elección de 2000 y donde se han registrado anomalías severas en varios estados en años recientes).

Otra forma de distorsionar y manipular la expresión popular en el sufragio es a través de la vieja práctica de redibujar distritos electorales para reducir o marginar el poder electoral potencial de comunidades minoritarias, pobres o que suelen votar de manera más liberal.

Todo ello tiene el objetivo de suprimir a ciertos sectores del sufragio, como para mantener y defender la estructura del poder ante cambios demográficos y sociales. En lugares como Ferguson, Misuri –pueblo mayoritariamente afroestadunidense–, las autoridades son mayoritariamente blancas, algo que se repite en varias partes de este país. Y esto no sólo se expresa en torno a raza, sino también en temas de género. Estas medidas son diseñadas para mantener lo que es cada vez más una falta de conexión entre el electorado y los políticos.

Los representantes del pueblo

La composición del gobierno demuestra que los representantes del pueblo no reflejan a éste. Por ejemplo, a pesar de que las mujeres son 51 por ciento de la población, 80 de los 100 integrantes del Senado son hombres, según un informe reciente del Reflective Democracy Campaign. De hecho, los hombres –49 por ciento de la población– ocupan 70 por ciento de los puestos de elección en los gobiernos federal, estatales y municipales del país. En términos raciales, los blancos son 63 por ciento de la población nacional, pero ocupan 90 por ciento de todos los puestos de elección en el país.

Nada de esto es nuevo. Vale recordar parte fundamental de la historia estadunidense en la lucha por el sufragio efectivo: en sus inicios, sólo hombres blancos y con propiedades tenían derecho a votar. El sufragio para todos los hombres, para las mujeres, para las minorías y para los jóvenes fue fruto de largas luchas.

El periodista Bill Moyers lo resume así: “La verdadera razón para estas normas es para reducir la participación, para mantener privando a la oposición de ejercer su derecho solemne –para dificultar la participación de minorías, pobres, estudiantes, entre otros, en el acto más preciado de la democracia”.

Moyers, así como líderes afroestadunidenses y latinos, entre otros, están convocando a una mayor participación para responder a esta ofensiva conservadora, pero todo indica que con algunas excepciones la participación, ya de por sí baja en una elección intermedia, se verá aún más deprimida en un país que aún no logra garantizar el derecho universal al voto ni que cada sufragio cuenta.