yer, al anunciar su decisión de mantener sin cambio la tasa de interés de referencia –que se ubica en 3 por ciento anual–, el Banco de México (BdeM) ponderó la posibilidad de una evolución de la actividad económica menos dinámica que la prevista en caso de que los recientes acontecimientos sociales en el país afecten las expectativas de los agentes económicos.

Resulta curioso, en primer lugar, que el banco central no haya aludido, como posible factor de desaceleración, a la inseguridad que se vive en el país o la ingobernabilidad de una porción específica del territorio, elementos que han sido señalados por diversos actores como factores que explican el pobre desempeño de la economía en los años recientes. En cambio, al mencionar los recientes acontecimientos sociales –un concepto abstracto que trasciende a lo meramente económico–, el BdeM hace un reconocimiento tácito del efecto negativo que pueden tener para el país y su economía sucesos tan desgarradores como el asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa; la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, la ofensiva contra el plan de estudios de Instituto Politécnico Nacional y, en general, las numerosas decisiones, acciones y posturas que se han adoptado desde el poder en perjuicio de la población.

En voz de un organismo que ha propugnado por el adelgazamiento del Estado, que ha preconizado en forma sistemática la agenda neoliberal y que ha confiado en exceso en el postulado de dejar hacer, dejar pasar, la afirmación de que los acontecimientos sociales de la actualidad podrían afectar la economía adquiere la categoría de declaración autoinculpatoria. En efecto, el drama que vive el país en materia de seguridad y derechos humanos; la exhibición de la descomposición estructural a la que han llegado los principales partidos políticos; la sostenida inmoralidad institucional; la impunidad, alentada por omisión durante sucesivos gobiernos federales, y la inserción brutal del país y de su economía en un ámbito de libre mercado, tienen un correlato ineludible en el abandono, por parte del Estado, de sus responsabilidades más elementales, empezando por la de brindar seguridad a la población.

En esa lógica resulta, efectivamente, inevitable, la perspectiva de conflictos sociales de larga duración, de la consiguiente afectación en los ámbitos político, social, insti­tucional y, desde luego, económico: en tanto los gobiernos carezcan de voluntad política para incidir en las causas profundas del auge delictivo, la corrupción, la pobreza y la marginalidad, seguirán siendo incapaces de retomar el pleno control territorial y de los diversos elementos que confluyen en el país.

Resulta urgente, pues, que los gobiernos acepten la necesidad de revertir la pérdida de gobernabilidad, sobre todo en sus raíces sociales, institucionales y económicas. De otra forma, será difícil, e incluso imposible, restañar los márgenes de control, paz social y normalidad institucional del país.