En lo que va del año la Contraloría capitalina ha realizado investigaciones económicas y entrevistas a profundidad, así como pruebas sicométricas y poligráficas, a más de 12 mil aspirantes a desempeñar un cargo en el Gobierno del Distrito Federal (GDF).

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Contraloría General del Distrito Federal, Hiram Almeida Escudero escribió: Este año la #contraloriaCDMX realizó 12,421 acciones de evaluación a candidatos para desempeñar un cargo en la #CDMX.

Tras los resultados de las evaluaciones se capacitaron a mil 599 funcionarios para reforzar sus habilidades y competencias.

Por el mismo medio, el contralor exhortó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción mediante su celular, ingresando a la página http://www1.df.gob.mx/denuncia ciudadana.

Durante la segunda sesión ordinaria del año de Almeida Estrada con el Consejo Consultivo Ciudadano del Plan para la Prevención y el Combate a la Corrupción, informó que como parte de la profesionalización de los servidores públicos, más de 13 mil trabajadores de estructura de distintas dependencias tomaron el curso en línea de Ética Pública y Responsabilidades Administrativas. En tanto que 13 mil 291 han firmado la Carta de obligaciones de los servidores públicos.

Detalló que se practicaron 781 auditorías, de las cuales se generaron 3 mil 75 observaciones, por un monto de mil 829 millones de pesos, y se sancionó a 3 mil 361 servidores públicos.

En coordinación con los 730 contralores ciudadanos se hicieron operativos relacionados con el combate a la corrupción.

Reportó que se han hecho 126 mil visitas al portal anticorrupción y recibido 2 mil 865 quejas en el Sistema de Denuncia Ciudadana.

El contralor señaló que existe una gran diversidad de organismos e instrumentos de fiscalización y combate a la corrupción, sin embargo, cada uno trabaja de manera aislada y dispersa, por la diversidad de lógicas que orientan a cada uno de estos organismos, por lo que anticipó se trabaja en un nuevo modelo.

Consideró que para conjuntar acciones y evitar la fragmentación se requiere un sistema integral que vigile las actividades de los servidores públicos y el uso del erario.