urante la tarde de ayer el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con familiares de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que fueron asesinados, lesionados o desaparecidos hace más de un mes en Iguala, Guerrero, por fuerzas policiales que actuaron en coordinación con una banda delictiva. Al cabo de las varias horas que duró el encuentro a puerta cerrada, el jefe del Ejecutivo federal y sus interlocutores dieron a conocer posicionamientos contrastados e incluso enfrentados.

En una transmisión en cadena nacional, el mandatario enumeró compromisos de su gobierno para reorientar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos hacia personas vivas –después de un mes en el cual las autoridades estatales y federales se han enfocado al hallazgo de cementerios clandestinos–; evitar las filtraciones mediáticas de cualquier aspecto de las pesquisas; incorporar y apoyar en la investigación a los forenses argentinos solicitados por los familiares de las víctimas y aceptar como coadyuvantes a personas de reconocida calidad; brindar atención médica a los heridos; evitar la impunidad; respetar la reputación y los derechos humanos de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa –ante los intentos de diversas instancias gubernamentales y algunos medios de criminalizar a los normalistas–, y reconocer la importancia de las normales rurales y dignificar sus instalaciones. Peña habló asimismo de crear una comisión de seguimiento a las pesquisas, integrada por representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación.

Una hora más tarde, los padres y familiares de los estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos, acompañados por representantes de organizaciones de derechos humanos, reiteraron las críticas que han venido formulando hacia el gobierno federal, señalaron que los puntos divulgados por el Presidente no constituyen un documento conjunto ni son respuesta a pliego petitorio alguno; se apegaron a la postura de que la Federación es corresponsable de la atrocidad cometida en Iguala y condicionaron una nueva reunión con Peña a la presentación de resultados concretos de la investigación.

A lo que puede verse, el gobierno federal sigue tratando el conflicto desatado en Guerrero con sensibilidad y entendimiento insuficientes y persiste en creer que la crisis política surgida a raíz de la barbarie de Iguala puede resolverse antes de esclarecer en forma puntual y plena el destino de los desaparecidos y de procurar justicia y fincar responsabilidades a todos los autores materiales e intelectuales de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa ciudad y que persisten hasta la fecha, a 34 días de los hechos.

Si embargo, la ausencia de los jóvenes estudiantes capturados por policías municipales; la lentitud de la Federación en asumir sus responsabilidades; los atropellos, las torpezas y los desaseos cometidos en el curso de la investigación y la ola imparable de indignación nacional e internacional no pueden disiparse con una reunión en la residencia oficial de Los Pinos. Para desactivar la crisis política en que se encuentra la administración peñista se requiere en primer lugar encontrar a los muchachos ausentes, pero también establecer un relato verosímil y fundado de lo ocurrido, fincar responsabilidades a quienes corresponda y reconocer en forma clara y autocrítica que el Estado mexicano ha fallado y que resulta disfuncional como garante de la integridad física y la vida de los habitantes, especialmente de los más pobres y desprotegidos. Ello resulta indispensable para empezar a resolver de fondo las desviaciones, carencias y miserias institucionales que hicieron posible la atrocidad del 26 y 27 de septiembre pasado, la cual constituye la muestra más visible del generalizado desastre en materia de derechos humanos, garantías individuales y seguridad pública.

En efecto, la barbarie perpetrada en Iguala ha destapado a ojos de la conciencia nacional los fallos catastróficos del poder público, y el medio centenar de víctimas de aquella noche –entre muertos, heridos y desaparecidos– ha obligado al país a voltear la vista hacia las decenas de miles de asesinados sin justicia y hasta sin nombre y las otras decenas de miles de personas capturadas por facciones de la delincuencia organizada y por efectivos policiales y militares y cuyo paradero se desconoce.

En suma, es positivo que el titular del Ejecutivo federal escuche a los parientes de las víctimas, pero cabe lamentar que el encuentro de ayer haya tenido lugar a más de un mes de la agresión criminal y a consecuencia de una movilización social masiva y creciente; que el poder público no haya podido esclarecer a fondo el episodio ni encontrar a los ausentes. Debe hacerlo porque cada día que pasa sin resultados concretos se reduce el margen de maniobra de las autoridades y el país da un paso más hacia la ingobernabilidad.