El número de denuncias y reportes de celulares extraviados o robados en el país se incrementó 118 por ciento, al pasar de 156 mil 681 en 2012 a 341 mil 740 en 2013, afirmó Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México (CCCMX), en la presentación de los resultados del segundo Estudio de actividades en telecomunicaciones para inhibir el uso de celulares en actividades delictivas.

Junto con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Wertman Zaslav alertó que el teléfono móvil es el artículo personal más robado en el país, ya que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 57 por ciento de los más de 9 millones de robos a transeúntes en 2013 fueron sólo para quitarles el celular.

Al dirigirse a los ciudadanos, dijo que para dejar de ser víctimas de este delito también se debe evitar comprar teléfonos celulares en lugares no autorizados y de emplear servicios ilegales de activación, donde prácticamente se clona un IMEI (código de identificación del teléfono móvil) no reportado como robado.

Quien hace uso de este tipo de activación ilegal está cometiendo un delito y se expone a ser timado, porque el teléfono eventualmente será inutilizado. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso para que contemos con un marco legal que penalice la manipulación del IMEI en cualquiera de sus formas, de la misma manera, por ejemplo, en que está prohibido hacerlo con el número de motor de un automóvil, dijo Wertman Zaslav.

Destacó que la atención de peticiones hechas por las autoridades a las compañías de telefonía celular sobre actividades de la presunta comisión de un delito aumentó 11.6 por ciento, al sumar 44 mil 599 en 2013. En tanto, los números telefónicos involucrados en dichas peticiones aumentaron 41.7 por ciento, lo que significó un volumen de 117 mil 262 números.

En este estudio de actividades en telecomunicaciones también se analizó el trabajo en materia de bloqueadores para celulares en los centros de Readaptación Social del país, donde destacó que se han hecho múltiples revisiones técnicas para garantizar la eficiencia de los inhibidores de señal y evitar la pérdida de llamadas y servicio a la población aledaña a estos sitios.

El presidente del Consejo Ciudadano dijo que, no obstante, se debe seguir trabajando para bloquear de manera efectiva las llamadas telefónicas desde los centros penitenciarios. En teoría, no debería haber aparatos de este tipo en los penales, lo que demuestra que aún permea la corrupción en su interior.