amiliares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México anunciaron ayer su retiro de las mesas de información y coadyuvancia que mantenían con dependencias del gobierno federal –la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Gendarmería Nacional– con motivo de la búsqueda de las víctimas, a raíz de que se reveló que una de las principales líneas federales de investigación en torno al caso consiste en vincular a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con bandas de la delincuencia organizada, contrarias al grupo Guerreros Unidos.

Durante el mismo acto en que anunciaron la decisión, los padres de los desaparecidos y su entorno social de apoyo demandaron un encuentro personal con el presidente Enrique Peña Nieto para plantearle directamente sus demandas, al tiempo que apuntaron que la dimisión del gobernador Ángel Aguirre no resuelve el conflicto.

Los señalamientos de los familiares de las víctimas ponen de manifiesto de nueva cuenta la inoperancia de las instituciones de procuración de justicia en torno al asesinato y desaparición de normalistas ocurrido hace casi un mes en la referida localidad guerrerense. El hecho de que se pretenda vincular a las víctimas con presuntas bandas delictivas constituye un agravio adicional a cuantos se han sumado hasta ahora contra un sector estudiantil agredido, perseguido y hostilizado en forma sistemática por los distintos niveles de gobierno; excluido del proyecto de país que han impulsado las élites gobernantes de las décadas recientes; golpeado tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por bandas de criminales y ahora, además, colocado como corresponsable de los ataques en su contra, como pareciera inferirse de la línea de investigación mencionada.

La suma de esos agravios hace más que justificada la manifiesta desconfianza de las familias de los normalistas hacia un entramado institucional que, por si fuera poco, ha manejado con ligereza e irresponsabilidad la información surgida hasta el momento como resultado de las pesquisas en torno a la masacre y desaparición de normalistas en Iguala. Con el precedente inmediato del hallazgo de nuevas fosas clandestinas con restos humanos en la zona de los hechos, es obligado recordar que hasta ahora las autoridades no sólo no han podido dar con el paradero de los 43 normalistas, sino que tampoco han sido capaces de aclarar a quiénes pertenecen las decenas de cuerpos hallados en esas inhumaciones y se han visto obligadas a reconocer que en ese y otros municipios de Guerrero y del país impera un estado de terror y muerte que no guarda relación alguna con la normalidad que se presume desde las cúpulas institucionales.

En suma, a medida que se desgasta la credibilidad institucional, se multiplican las tareas de las autoridades estatales y federales en torno a hechos que han suscitado el repudio nacional e internacional: localizar a la totalidad de los responsables intelectuales y materiales de las desapariciones y de los seis homicidios de septiembre pasado; esclarecer el crimen de Arturo Hernández Cardona y otros dos activistas sociales asesinados presuntamente por el edil prófugo José Luis Abarca, en mayo del año pasado; identificar los restos que se han ido encontrando en estas últimas semanas; explicar y sancionar la cadena de complicidades que hicieron posible la entronización de la delincuencia organizada en el ayuntamiento de Iguala y, por sobre todas las demás, ubicar a los estudiantes desaparecidos.