Colima, Col., 21 de octubre.

El Congreso local aprobó la nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, que castigará hasta con 10 años de prisión al funcionario público que incurra en este ilícito.

El diputado Martín Flores Castañeda, líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que esta ley forma parte del nuevo sistema de justicia penal, que pone énfasis en prevenir y sancionar a cualquier autoridad que por medio de violencia, tortura u otra forma de coacción obtenga información sobre hechos ilícitos. Además de ser inválidas, estas confesiones derivarán en sanciones a los funcionarios.

Indicó que se pretende que la autoridad investigadora actúe con base en métodos científicos y profesionales y que obtenga declaraciones a partir de interrogatorios eficaces, para lo cual se requiere profesionalizar a los servidores públicos.

Esta ley no va aislada; va con el servicio profesional de la procuración de justicia, con la Ley de Protección de Testigos, con la Ley para prevenir y erradicar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el nuevo Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo.

Rechazan cámaras

El dictamen excluyó la propuesta del diputado panista Fernando Antero Valle de instalar cámaras de vigilancia en todas las áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado para constatar el actuar del personal de la dependencia.

Antero Valle dio a conocer la semana pasada, cuando presentó su propuesta, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido este año tres recomendaciones a la PGJE por casos acreditados de tortura, pero ningún funcionario ha sido sancionado.

Añadió que hasta junio pasado la CEDH había recibido 350 quejas por tortura, mientras en todo el año pasado fueron 340. Pronosticó que el número de casos llegue a 700 para diciembre.