Trabajadores del Tribunal Superior Agrario (TSA) solicitaron ayer a autoridades de esa instancia la destitución inmediata de José Armando Fuentes Valencia, oficial mayor de la dependencia, estabilidad en el empleo y una respuesta sobre la situación del inmueble donde laboran, pues, de acuerdo con un dictamen estructural, no debe ser habitado.

Desde las 10 horas, más de un centenar de trabajadores de base, de confianza y por honorarios se reunieron en el salón de plenos con Odilisa Gutiérrez Mendoza, magistrada presidenta interina del TSA; Javier Barreiro Perera, director general jurídico del tribunal, y Jesús Anlen López, secretario general de acuerdos, para plantear la problemática.

La reunión se extendió más de dos horas, indicó en entrevista Teresa Roque, consejera del Sindicato Democrático de Trabajadores del Tribunal Superior Agrario, quien precisó que la solicitud de destitución de Fuentes Valencia es por abuso de autoridad, incapacidad para el manejo del cargo, acoso laboral y posibles irregularidades en el manejo de las plazas.

Durante el lapso que duró la reunión se suspendieron labores en el tribunal, ubicado en Orizaba 16, en la colonia Roma.

Roque indicó que la respuesta sobre las peticiones se tendrá en los próximos días y precisó que lo más importante es que se dé visto bueno a la demanda de destitución del servidor público.

La sindicalista apuntó que buscarán también apoyo de legisladores.

En un documento difundido por los trabajadores, califican de inconcebible el actuar del contador Fuentes Valencia, quien, dicen, no puede anteponer a sus intereses económicos y personales la vida e integridad de quienes aquí laboramos, ya que por acuerdo entre él y los propietarios de dicho inmueble, procura la continuidad del contrato de arrendamiento.

Destacan que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales recomendó al tribunal que se desaloje el inmueble porque no cumple con el estado límite de servicio; no obstante, Fuentes Valencia, expresan, se ha negado a aplicar la indicación, la cual fue entregada hace seis meses al entonces presidente del TSA, Marco Vinicio Martínez.

En el documento también aseguran que el oficial mayor favorece a amigos y familiares con plazas laborales, otorgándoles las mejores. Muchos de ellos –aseguran– no tienen el perfil académico ni laboral requerido para el cargo.

Agregan que transgrede los derechos de quienes aquí laboramos, ya que a varios de nosotros nos impone jornadas por más de 12 horas, sin el pago de tiempo extra correspondiente.