n el circuito oficial no pierden oportunidad para festejar lo que denominan notoria recuperación de la economía mexicana, por mucho que en el mejor de los casos –y sólo en él– el crecimiento en 2014 no pasaría de 2.7 por ciento (pronóstico que no pocos califican de inflado), para una tasa anual promedio de 1.9 por ciento en el primer bienio del gobierno peñanietista.

Sin embargo, en otras latitudes no comparten el optimismo oficial. Como en el caso del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), cuyos analistas destacan que los más recientes resultados económicos divulgados por el Inegi (concretamente el IGAE) denotan escasas señales en el fortalecimiento de la economía del país. Su avance de 2.5 por ciento en julio, en su comparación anual, se vio motivado en mayor medida por el crecimiento extraordinario de 7.1 por ciento del sector primario, es decir el correspondiente a las actividades agrícolas, lo cual limita que la economía continúe este desempeño vagamente positivo, dado la alta volatilidad de este sector.

Debe considerarse, apunta el IDIC, que si bien las tasas de crecimiento anual registradas en julio son positivas, este aumento se da sobre una base muy baja. Esto quiere decir que pese a que el indicador total creció 2.5, este crecimiento se dio sólo por encima del 2.2 por ciento alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Lo mismo ocurre en el sector industrial, donde el crecimiento fue de 2.1, superior al 0.3 alcanzado en julio de 2013, mientras en la parte de servicios el resultado es aún más contraproducente, ya que éste es menor en comparación al año anterior: 2.5 en 2014 contra 3.2 en 2013. Aunado a ello, se tiene que el crecimiento registrado en julio de 2012 fue superior en todos los sectores mencionados, lo cual confirma que continúa débil el aparato productivo y que ni las expectativas generadas por las reformas estructurales han sido suficientes para obtener mejores resultados en términos de crecimiento económico.

Con ello, en este año nuevamente constituirá un desafío alcanzar nuestro pronóstico de 2.2 por ciento de crecimiento durante el año y aún más la meta de la Secretaría de Economía de 2.7 por ciento, pese a que ésta no representa una cifra muy alta y que además es menor a la perspectiva de comienzos del año, que era de 3.7 por ciento. El ciclo económico total muestra mejores resultados, su tendencia es positiva, al igual que para los sectores de comercio y construcción. Por su parte, los ciclos industriales evidencian una tendencia positiva, aunque en las manufacturas con menor fortaleza.

En contrasentido, los ciclos de algunos componentes del sector de los servicios se encuentran en descenso, denotando un débil comportamiento del mercado interno para los próximos meses. Aunado a lo anterior y a la debilidad del consumo privado, el retroceso en la formación bruta de capital fijo configura un entorno positivo pero aún desafiante para el ambiente de negocios, así como para la generación de inversión y la creación de empleos.

Por lo anterior, apunta el IDIC, deben ser matizadas las grandes expectativas generadas a partir del nuevo marco institucional que brindan las recientes reformas aprobadas. Básicamente, por el menor impacto estimado de las mismas sobre el crecimiento económico, mostrando su menor nivel de alcance, al menos a corto plazo. El retroceso o debilidad que ha sufrido la economía aún no ha sido revertido, ello implica que se deban tomar las medidas de política económica y política pública necesarias para alcanzar mejores resultados.

Sobre las denominadas reformas estructurales, el citado instituto considera que si bien han modificado el marco institucional, el problema es que no ha cambiado a las instituciones. Tampoco han modificado la conducta, visión y cultura de los agentes que se encargan de operar la estrategia en el sector público federal mexicano. Un camino aún más largo es el que debe recorrerse para que ello llegue a nivel estatal y municipal. Algo similar ocurre para la sociedad y el sector privado mexicano. Las modificaciones constitucionales y de leyes secundarias arriban a un país con una marcada heterogeneidad social y productiva, el resultado lógico de casi cuatro décadas de bajo crecimiento económico y crisis recurrentes.

En un país de alta desigualdad, no puede esperarse que las leyes y reglamentos aprobados tengan un impacto homogéneo si no se implementan políticas públicas secundarias, las cuales generen un cambio en la visión de la administración pública, así como nuevas instituciones. Lo anterior también es válido en el sector productivo; basta recordar que se tiene una mayoría de empresas pequeñas, con serias dificultades para sobrevivir y ser productivas. Evidentemente se encuentran fuera de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico.

En el otro extremo existe una minoría de grandes empresas mexicanas altamente productivas, pero que enfrentan una competencia desigual frente a trasnacionales con gran capacidad financiera y en algunos casos fuertemente apoyadas por sus gobiernos e instituciones. El soporte que Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea dan a sus empresas tiene diversas vertientes: subsidios, manipulación del tipo de cambio, proteccionismo y todo un marco de innovación que propicia una fuerte sinergia entre el sector público y privado, todo ello con el objetivo de garantizar el mayor éxito posible en el comercio y mercados financieros internacionales.

En México no existe una interrelación institucional que tenga la misma profundidad estructural. El país cuenta con algunas instituciones, empresas y universidades sólidas, con las que se puede construir la base de un mayor crecimiento y desarrollo económico. No obstante no son suficientes, su número es reducido para los requerimientos sociales y productivos de un país con 60 millones en pobreza por ingreso y con un mercado laboral altamente precarizado. La transformación de esa realidad es el mayor desafío que enfrentan las reformas.

Las rebanadas del pastel

La Asamblea General Politécnica exige aumentar el presupuesto otorgado al Instituto Politécnico Nacional y a los sectores educativos públicos y de investigación científica y tecnológica nacional con un monto equivalente a 2 por ciento del PIB. Demanda justa, necesaria y de urgente atención, porque es una verdadera vergüenza que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral tenga mayor presupuesto que el IPN.

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