or unanimidad, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se logró el reto de revisar en 30 días la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo. Esta vez hay que reconocer que los senadores hicieron bien su trabajo. Cambiaron más de 80 por ciento de la iniciativa original, corrigieron 104 de los 140 artículos de la Ley, se tomaron en cuenta las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los mandatos de convenios internacionales. Tal como señaló Alejandro Encinas al presentar el título segundo del proyecto de dictamen, se retoman las reformas de derechos humanos realizadas en 2011 a efecto de reconocer explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de nuestra Constitución. Se avanza hacia una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y no como objetos que hay que proteger. Plantea una nueva estructura institucional que supera el enfoque de necesidades y facilita la garantía efectiva de las prerrogativas fundamentales de los niños y niñas bajo un enfoque integral, sustentable y progresivo. Se establecen normas para evitar la violencia y el acoso escolar y se precisa que la edad para contraer matrimonio es a partir de los 18 años. El DIF será un órgano desconcentrado adonde se canalizará a los menores migrantes, en vez de a las estaciones del INM y tendrán derecho a una visa. La voz discordante fue la del presidente de la Comisión para el Desarrollo de la Familia, José María Martínez, quien sostuvo en tribuna que se trata de una ley que promueve el aborto, al incorporar los derechos reproductivos de la familia.
Pero es un hecho que los derechos reproductivos ya están protegidos en el artículo 4º constitucional, y en el caso de las adolescentes cobra gran importancia el acceso a métodos de prevención de embarazos, así como el derecho al aborto de las niñas y adolescentes violadas, el cual está despenalizado en todos los códigos penales de México desde hace 80 años. Por eso es de destacar que la ley contempla el lenguaje acordado en las Naciones Unidas, la fracción octava del artículo 58 establece que la educación deberá promover la educación sexual integral, que contribuya al desarrollo de competencias que le permitan a niñas, niños y adolescentes, ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos
. El concepto de educación sexual integral implica una perspectiva de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos a la cual México se comprometió en agosto del año pasado, al firmar el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo.
La nueva ley coincide con el impulso a la prevención del embarazo temprano por parte de la actual administración, una estrategia coordinada por Inmujeres Nacional y el Conapo, que están retomando las instituciones de salud, de educación y de desarrollo social. El programa Oportunidades, recientemente bautizado como Prospera
, es un programa asistencial necesario ante los niveles de pobreza crecientes, y en cuanto al embarazo adolescente su efecto no es directo. Una investigación encontró que es el mayor nivel de escolaridad el que se asocia con mayor uso de anticonceptivos y con menor número de embarazos tempranos, así como el acceso a servicios de salud. Se documenta un efecto positivo indirecto del programa, porque al ofrecer becas o transferencias condicionadas de dinero a las hijas e hijos que asisten a la escuela se lograron aumentar los niveles de educación y también retrasar la edad del primer embarazo: en la medida que aumentaron los niveles de educación del 1992 a 2009 el uso de anticonceptivos aumentó lenta pero sostenidamente, estar asistiendo a la escuela, más que cierto nivel de escolaridad, retrasa el embarazo. Y, contrariamente a quienes piensan que las becas Oportunidades o las transferencias condicionadas de dinero en efectivo a las familias grandes podrían fomentar el tener mayor número de hijos, el estudio no encuentra evidencia de mayor fecundidad entre las familias beneficiarias. El nivel de uso de anticonceptivos entre adolescentes sigue siendo bajo entre adolescentes nulíparas, porque los servicios de salud reproductiva, que muchas veces se ofrecen a través del programa Oportunidades o Prospera
, se siguen enfocando en el momento del posparto y en mujeres que ya tienen hijos, y no en adolescentes con vida sexual activa. Esperemos que la nueva ley favorezca la ampliación de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes (Blair G. Darney et al, Programa de transferencia condicionada de dinero y en efectivo Oportunidades: efectos en el embarazo y uso de anticonceptivos en mujeres jóvenes del medio rural en México
, Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva, número especial 2014, pp. 34-44).
En la nueva ley hizo falta un apartado más específico para las y los adolescentes, así como comprometer a los dueños de los medios con la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero es un marco vigoroso para apoyar múltiples programas dirigidos a diferentes grupos de edad. Ahora lo importante será que los recursos se dirijan a garantizar su implementación, armonizar la ley reformando leyes locales, códigos civiles, penales, las leyes de educación, de salud y del trabajo a fin de concretar su transversalidad.
Twitter: @Gabrielarodr108
